Los jueces del TOF 1 dispusieron que el ex ministro, Julio De Vido, sea excarcelado “bajo caución juratoria y con la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”, a la vez que consideraron que su libertad no pone en riesgo la causa que se encuentra elevada a juicio oral.

Los magistrados Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron que “la libertad” del ex funcionario y ex diputado se haga “efectiva el día de la fecha” y dispusieron que De Vido se presente mañana a las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py a firmar el acta de su liberación bajo caución juratoria.

Los jueces le mantuvieron, de todas formas, la prohibición de salir del país y dispusieron que el ex funcionario deberá comparecer en forma mensual ante el Tribunal, según surge del fallo al que accedió Télam.

De Vido había sido detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal porteña, en el marco de este expediente en el que se lo investiga por administración fraudulenta en contra de la administración pública por supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a refacciones de la mina de carbón de Río Turbio.

En diciembre pasado, el TOF 7 había dispuesto su excarcelación en el marco de la causa de los cuadernos pero hasta hoy se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en su casa de Zárate, en el marco del expediente por el caso Rio Turbio.

El juez Grünberg, que ya se había manifestado antes en favor de la excarcelación, insistió en el fallo de hoy que “corresponde tener en consideración que no existen elementos objetivos, que evidencien concretas posibilidades de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del nombrado”.

Otros de los elementos ponderados por los jueces para resolver en favor de la libertad del ex ministro fueron que “la fase principalmente investigativa ya ha culminado” y que “el representante del Ministerio Público Fiscal (Miguel Osorio) considera que las circunstancias del caso son insuficientes para denegar la soltura anticipada”.

En este caso, se investiga el supuesto desvío de 200 millones que debían destinarse a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz) y otros de los acusados es el ex funcionario Roberto Baratta, que también había sido detenido y recuperó su libertad en diciembre, aunque todavía es controlado con una tobillera electrónica.

 

Fuente: Télam.