Recientemente se informó sobre la baja calidad democrática en las instituciones de Avellaneda y de esto podemos dar fe desde el gremio municipal, dado que se tornan indescriptibles los manejos irregulares y presiones que sufre el personal municipal de esa ciudad a la hora de reclamar la vigencia de sus derechos.
Desafortunadamente, el Ministerio de Trabajo de la Provincia deja pasar las denuncias y se limita a convocar audiencias conciliatorias para discutir reclamos por incumplimiento del derecho público y laboral.
El reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Santa Fe N° 1, dejó sin efecto el despido de un trabajador contratado, por cuanto el intendente lo despidió arbitrariamente, incluso negándole el constitucional derecho a la defensa.
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Lamentablemente -tanto por temor a represalias o por demoras en la tramitación judicial- la mayoría de los casos de despidos no llegan a esta vía y suceden impunemente.
Sumatoria de irregularidades en Avellaneda
El DEM de Avellaneda permanece sin reconocer como parte de la jornada normal y habitual la séptima hora de trabajo, condición que le permitió suprimirla en el contexto de la pandemia como forma de rebaja salarial.
La planta de personal permanente de la ciudad de Avellaneda cuenta con 198 trabajadores y trabajadoras, más unos 30 contratados y 140 precarizados, que no tienen Obra Social, seguros, aportes previsionales, ni coberturas de riesgo de trabajo. Esto no sólo es baja intensidad democrática, "es como se dice en el campo: trabajo esclavo".
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Esta planta de personal precarizado también fue variable de ajuste en el contexto de la pandemia, víctimas de suspensiones compulsivas llevadas adelante por las autoridades municipales como forma de hacer efectiva la disminución salarial contra estos trabajadores.
Además, no se cumple con las entregas de ropa de trabajo, ni de elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio de COVID- 19 Y DENGUE.
Situaciones que llevaron al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda a mantener un conflicto que, en principio, permitió revertir la reducción de una hora de trabajo, pero aún sostienen discusiones por la estabilidad y la seguridad de los trabajadores.
