La Comisión de Economía del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe expresó su apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Omar Perotti de intervenir la empresa Vicentin SA.
Según afirmó en un documento distribuido a la prensa, “la cuestión se ha plagado de operaciones mediáticas y discusiones procedimentales”.
En ese sentido, el parte hizo hincapié en que el hecho más relevante "resulta ser la posibilidad de que los argentinos tomemos conciencia de la importancia que tiene el sector agroexportador para los intereses de toda la comunidad”
También se destacó la posibilidad de que el Estado, que constituye junto con los productores, cooperativas e instituciones financieras los principales acreedores de la firma, no sólo puedan cobrar lo adeudado, sino que retome de esta manera el papel activo que en otras épocas supo jugar”.
“Intervenida Vicentín, y haciendo foco en los fines prácticos, estamos ante una gran oportunidad para empezar a ordenar el comercio exterior de granos y manufacturas de origen agropecuario en términos del interés nacional. Hecho que resulta de suma importancia para encarar con éxito un proyecto de desarrollo con justicia social”, sostuvo el comunicado del Justicialismo santafesino.
La intervención es la salida posible para que "desde dentro de la actividad, conociéndola y conduciéndola con manos idóneas y convencidas de los objetivos a lograr, pueden hacer de Vicentin un caso testigo”, enfatizó el documento.
Empresa testigo
Más adelante, el texto refirió a que el 75 por ciento de las exportaciones agrícolas del país son realizadas por siete empresas multinacionales "que acaparan las divisas que la Argentina necesita para promover un modelo de desarrollo nacional, industrial, y alcanzar el pleno empleo".
Y agregó que con una empresa dentro de ese sector estratégico, se podrá influir en el control de divisas y evitar su fuga. Y así, reducir el poder especulativo de las empresas agroexportadoras sobre el mercado cambiario.
La Comisión de Econonomía del PJ de Santa Fe aclaró asimismo que con la implementación de un modelo político ajeno a intereses nacionales, de economía primarizada y libre mercado, el Estado no realiza ningún control efectivo sobre lo que entra y sale de los puertos de estas empresas.
Cambios
De manera taxativa, el El PJ afirmó que "es necesario un cambio drástico en este mecanismo" pero fue más allá al insistir en que "no es suficiente con inspectores que difícilmente puedan resistirse al poder económico. Por eso, desde adentro, serán más efectivos los mecanismos de control, y más probable eliminar cualquier tipo de práctica fraudulenta”.
Otro de los puntos favorables que se remarcó en relación a la intervención, es que se podría articular efectivamente con otros organismos públicos para mejorar la producción industrial de manufacturas agroalimentarias. Se generaría valor agregado y tecnologías para mejorar la productividad y reducir el daño a la naturaleza.
La intervención es la salida posible para que "desde dentro de la actividad, conociéndola y conduciéndola con manos idóneas y convencidas de los objetivos a lograr, pueden hacer de Vicentin un caso testigo”
“Porque a partir de la participación de una empresa con control estatal en el mercado, surge la necesidad de que la Argentina vuelva a pensar en la logística local e internacional, aspecto fundamental para la eficiencia y crecimiento de la cadena de valor agroalimentaria”, sostuvieron.
Beneficios
En cuanto a lo local, la modalidad emprendida por el Gobierno Nacional fomentará "una articulación multimodal del movimiento de cargas, y así potenciar el sistema ferroviario para lograr más eficiencia, descongestión ferroviaria y beneficio ambiental".
En el plano lo internacional "se apuntará a la reconstrucción de una flota mercante nacional. Permitiría obtener (liberar) divisas y potenciar la industria naval, estratégica para cualquier proyecto de desarrollo nacional".
La Comisión de Economía argumentó que desde adentro de la actividad resultará posible conocer los detalles de la estructura de costos, precios y margen de ganancia. Se podrá dilucidar y exhibir la trama ilegal de lavado de dinero y evasión impositiva que caracteriza al sector, como también prevenir las maniobras especulativas respecto de los precios de los alimentos, con fines económicos y/o políticos.
Lo cual también demostraría que “el porcentaje de ventas ‘en negro’ que pasa por estas empresas. Y así, dejar al descubierto la inacción y complicidad de los sucesivos gobiernos (en sus tres niveles) por no decidir investigar el tema”, alertaron.
Mercado
“Aunque Vicentin acapare, en la actualidad, el 9 por ciento del mercado local de granos, cereales y aceites, bien puede generar con precios de referencia que le permitan rápidamente ganar más participación en el mercado. Al mismo tiempo que se beneficia a los productores agropecuarios más pequeños orientando sus compras para desconcentrar la producción”, advirtieron.
Por otra parte, la gacetilla explicó que con Vicentin aplicada al interés nacional, los pequeños productores podrían tener una chance de eludir los condicionamientos, y bajos precios, de los intermediarios impuestos por las multinacionales como parte de su estrategia financiera de evasión y aumento desmedido del margen de ganancias.
“Por la importancia y magnitud de este proyecto, si se lo aborda en este sentido, se necesita inevitablemente la participación de diversos actores de la comunidad productiva. Las cooperativas productoras de granos, las agremiaciones de productores, los trabajadores de la firma, los actores vinculados a la comercialización. Todo ello con la imprescindible conducción de representaciones estatales Nacional y Provincial”, subrayó el iniciativa del PJ santafesino.
Desde la Comisión de Economía del PJ, avalaron por último la intervención solicitada por la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) de la Provincia de Santa Fe que “pone en primer lugar el sostenimiento del empleo de trabajadores directos e indirectos, la defensa de pequeños y medianos productores y de las cooperativas que éstos conforman. Como así también, de todo el sector social y productivo del hinterland del conglomerado empresario dentro del marco legal correspondiente”.
