Para el sociólogo Osvaldo Barsky, la expropiación de Vicentin “sería una catástrofe”. El investigador del Conicet y uno de los principales especialistas del país en el mundo agropecuario critica la política del gobierno de Alberto Fernández. Y asegura que el Estado nacional “no tiene expertise, trayectoria ni resto financiero para meterse en esa clase de operatorias”.
—Hay un debate sobre cómo llegó Vicentin a la cesación de pagos y el concurso de acreedores, ¿cuál es su visión?
—Antes de ser tan específico, subrayaría dos o tres cosas del contexto. Por ejemplo, la distorsión del mercado agroexportador argentino, dada la profunda inestabilidad de las políticas, la alta movilidad del tipo de cambio, el tener un impuesto tan particular como las retenciones. Además, no es la única empresa dedicada al manejo de la cuestión cerealera y bursátil que tiene problemas financieros muy agudos. Otra cuestión: hasta no hace mucho, esa empresa era considerada modelo. Recuerdo cuando Cristina Kirchner inauguró en 2014 la gran planta en Timbúes. Era el gran modelo a seguir en la generación de valor agregado. Por eso, una serie de bancos, no sólo el Nación (BNA), le daban apoyo y le permitieron expandir muy fuerte su capacidad de molienda y de exportación. Después se dieron varias circunstancias: desde las Paso hasta acá, se cerraron los créditos internacionales. El concurso hubiera permitido una salida razonable en términos del control de la deuda, todavía puede hacerlo. El problema es la carga ideológica sobre el sector agropecuario. Quedó claro en el libro de Cristina: su mirada y la de su sector político hacia el campo no varió ni un ápice. Eso se metió en la situación de Vicentin, el presidente lo sabe.
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—¿La posición de Alberto Fernández es una continuidad de la Cristina?
—Fernández publicó un libro en 2013 en el que trazó una violenta autocrítica de lo que fueron las políticas hacia el campo y reivindicó la agroindustria. Un proyecto de expropiación sería una verdadera catástrofe, el Estado argentino no tiene posibilidad de manejar una empresa de ese tipo. No tiene expertise, trayectoria ni resto financiero para meterse en esa clase de operatorias.
—¿Tampoco ve viable una gestión entre el Estado nacional, la provincia y las cooperativas?
—Es muy difícil. Para hacerlo se necesita una amplia alianza social, en primer lugar, con los sectores importantes del sector agropecuario, los que se supone que van a ser tus futuros proveedores de granos. No conozco el detalle del manejo fino, se sabrá con el resultado del concurso, pero no veo cómo se podría manejar mejor desde el Estado. En esta cosa de lo nacional frente a lo extranjero, en un mercado ampliamente dominado por la competencia internacional de grandes firmas, uno tiene que saber bien en lo que se mete. Fíjese Australia: en su momento tenía una junta nacional de granos y, por algo, la disolvió. Usted no necesariamente renuncia a la participación del Estado, pero debe tener un rol mucho más específico: de control, de fijación de determinadas reglas de juego.
—¿Cómo se podría salir de este laberinto que es Vicentin?
—Ahora, lo que era una situación compleja desde el punto de vista concursal se transformó en un laberinto político. Estuvo bien que haya una negociación en el concurso, pero sólo con la presencia de la Gobernación de Santa Fe hubiese sido suficiente. Ellos manejan estas cuestiones, conocen. Trabajé con Gabriel Delgado tres años, cuando hicimos el proyecto de reforma de la ley de arrendamiento. Es una persona muy capaz y respetada por todo el mundo, que si hubiera existido un proceso normal hubiese sido un asesor excelente. El tema es cómo destrabar: cuando la política mete tan fuerte la pata, quiere seguir. Hay un sector interno que quiere ir a todo o nada, basta leer las cosas que le dicen al presidente desde su propio sector. Por otro lado, me parece que Fernández cedió muy rápidamente, se apresuró. Ese no era el camino por el que quería ir la provincia, por lo que uno ve y conoce a los actores. Ahora es posible que se pueda llegar a un acuerdo con los actuales dueños, que a su vez querrán defender su propiedad. Otra vez estamos con dos camiones de frente: por un lado, un núcleo empeñado en atacar cuando puede al sector agropecuario, y por el otro, una experiencia de los productores, que dicen cosas muy fuertes. El país está en el peor de los momentos, tanto en términos de deuda como en la pandemia. Las cajas del Estado están vacías, se habla de montos muy importantes, y si se expropia la empresa se tendrá que pagar cifras enormes. Es muy difícil entender la razonabilidad de la medida. Esto es negociación política: se tendrá que definir por las fuerzas políticas, en primer lugar, por la propia interna del gobierno. Habrá que ver qué sector interno consigue imponer una visión de resolución.
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—Habló del estado de ánimo de las bases agropecuarias. ¿Hay riesgo de que esto se convierta en una 125?
—Volvamos a los antecedentes: venimos de una suba de retenciones a la soja, de un desdoblamiento bastante fuerte del tipo de cambio. Más allá de la exactitud de si los productores están ganando más o ganando menos, se construye una imagen de castigo global con las medidas económicas. Por otro lado, los productores ven a los actores, a los mismos que los atacaron duramente no hace mucho tiempo. Además, la gente se indigna con los ataques al Poder Judicial, se mezclan varias cosas. En provincias como Santa Fe y Córdoba no ganó precisamente el partido del gobierno. El voto agrario fue abrumadoramente en la dirección distinta del gobierno actual. Esas cosas no desaparecen. Además, estamos en una situación en que la pandemia y las medidas están generando mucho malestar en algunos sectores. La intervención fue una medida muy a destiempo, y muy difícil de destrabar políticamente sin que haya grandes ganadores y perdedores. Estas cosas se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Vicentin puede ser o no un punto de viraje, de conflicto que se hace muy nacional rápidamente.
—¿Cree que la intervención de Vicentin puede adelantar otras iniciativas similares o es un hecho puntual?
—Es muy difícil dar una opinión, porque una cosa es la intencionalidad de los actores, la ideología, hay que ver el poder relativo de ellos en la función del gobierno y una serie de cuestiones. El espíritu que reina en las esferas gubernamentales es que esto lo frenó la gente, nadie esperaba que hubiera una reacción tan rápida e importante. Sin embargo, por experiencia propia uno conoce ciertos actores y se da cuenta de que, efectivamente, no les importa absolutamente nada más que imponer perspectivas políticas propias con métodos muy fuertes. Aunque eso no se conozca, en detalle la sociedad lo percibe.
Con información de La Capital
