Diez personas fueron imputadas ayer como coautores de una asociación ilícita dedicada a estafas telefónicas contra jubilados. La banda fue desbaratada el jueves de la semana pasada en allanamientos con ocho detenidos en una casa de Roldán y otro en zona sur. Creen que en el término de unos pocos meses habrían logrado recaudar unos 24 millones de pesos en forma ilícita.
A pedido del fiscal Mariano Ríos Artacho, la jueza Eleonora Verón dejó en prisión preventiva sin plazo a ocho integrantes, entre ellos una mujer en domiciliaria (pagó una caución de 500 mil pesos), mientras que otorgaron dos libertades previamente acordadas pero siguen ligados a la causa. Hay dos personas prófugas.
La jueza Eleonora Verón aceptó la imputación del fiscal y les dictó prisión preventiva a todos, aunque aceptó el planteo de la defensa de una mujer embarazada, quien cumplirá la orden en su domicilio.
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Entre los imputados intercambian roles y en ocasiones asumían el papel de falso familiar, o en otros también se presentan personalmente a recoger el dinero que la víctima entrega como fruto del engaño y en otros casos de la extorsión. También gestionaban la compraventa de vehículos de alta gama y la colocación de las joyas secuestradas, a fin de blanquear el producto de sus ilícitos.
Sólo en los últimos tres días previos a la detención, cuando ya estaban ubicados y rastreados por la Fiscalía y la Policía, los imputados habían hecho un total de 970 llamadas.