El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó este martes que la provincia será querellante en la causa que investiga la Justicia Federal por los focos de incendios producidos en las zonas ribereñas de Rosario y Entre Ríos.
Entre Ríos presentará pruebas y propondrá medidas dentro del futuro juicio, con "un rol más activo", explicó Rodríguez Signes.
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En ese sentido, remarcó que en la denuncia promovida por el Gobierno "el bien jurídico protegido es el ambiente". Y que los propietarios "civilmente tienen responsabilidades" ya que "patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño".
Según el funcionario, el objetivo es "concientizar a los propietarios de que no sólo hay una sanción penal. Sino también civil de daño ambiental, que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio".
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Los arrendatarios deberán "colaborar con el Estado en el control. Porque la Provincia no puede poner un policía por cada hectárea, ya que el Delta tiene un millón de hectáreas", apuntó.
Además, modificarán las multas para "que sean efectivamente cobradas y no como sucede actualmente, que se pierde en el proceso judicial", detalló Rodríguez Signes.
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La denuncia penal presentada por el gobernador Gustavo Bordet por la violación del artículo 186 y 194 del Código Penal -incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte-, establece una pena de tres a 10 años de prisión.
Por otro lado, el Gobierno entrerriano convocó a los propietarios de las tierras "en su mayoría santafesinos", a un encuentro el viernes en la ciudad de Victoria junto a autoridades provinciales, municipales, Prefectura, Defensa Civil y fuerzas de seguridad.