“Ningún funcionario va a participar de canales alternativos a la Justicia para denunciar abuso sexual ni ningún otro delito”, afirmó el ministro de Gobierno, Juticia y Derechos Humanos de Santa Fe, Esteban Borgonovo, respecto a la posición de la gestión provincial en relación al sistema de denuncias de abuso sexual de menores que los Arzobispados de Santa Fe y Rosario lanzaron en julio a pedido del Papa Francisco.
El funcionario afirmó que el único y excluyente camino para la denuncia de investigación de los abusos sexuales infantiles es el de la Justicia, través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Para ello, existen protocolos elaborados a nivel internacional para evitar la revictimización, donde se recomienda que se haga el menor número posible de preguntas a la víctima y se de curso a la Justicia para evitar que tenga que contar el hecho una y otra vez.
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La polémica generada luego de la visita de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Patricia Chialvo, al Arzobispado de Rosario y de sus mensajes en Twitter, obligó al Gobierno de Santa Fe a aclarar públicamente cuál es la posición oficial sobre estos temas.
Distintos funcionarios del Gobierno de Omar Perotti, coincidieron que, toda denuncia que gire en torno de abusos sexuales, abusos de autoridad o de poder, en cualquier rango etáreo de las víctimas, corresponderá ser investigada por la Justicia a través del MPA.
Desde la Casa Gris reiteraron que sus autoridades son las únicas legitimadas por el Estado para investigar toda circunstancia que tenga que ver a una potencial contravención al orden público y pueda constituir delito.
Denuncia
A principios de julio los Arzobispados de Rosario y Santa Fe anunciaron que iban a poner en marcha un sistema para recibir informes sobre casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables por parte integrantes de la Iglesia Católica. La decisión había sido tomada por un pedido del Papa Francisco en julio de 2019 que tenía un año para ser implementada en todo el mundo.
Días después del anuncio, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck denunció a los representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica santafesina por “usurpación de autoridad pública” bajo el argumento de que los delitos sexuales deben ser investigados por la Justicia Penal y no por el Derecho Canónico.
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El presidente del Colegio de Abogados de Rosario explicó que los arzobispos basan sus argumentos en un concordato firmado durante la dictadura de Onganía. “Durante un Estado de Facto, los militares junto con el secretario Asuntos Exteriores, Nicanor Costa Méndez, firmaron el Concordato con la Santa Sede en donde le dan jurisdicción en el ámbito de su competencia. Pero justamente lo dice el Concordato es que esa jurisdicción es para asuntos específicos de la Iglesia. Y no es un fin específico el tomar e investigar denuncias penales tipificadas en el Estado de Derecho. A eso se suma la Carta Apostólica que el Papa Francisco hizo en 2019 que en el artículo 19 dice claramente que estos canales no pueden causar perjuicio del cumplimiento de las normas estatales y nuestras normas estatales son las que marcan que las denuncias de abuso sexual deben hacerse por Fiscalía”.
En este sentido, Ensinck consideró que los arzobispos de Rosario y Santa Fe tienen dejar de fomentar que se denuncien delitos sexuales en la propia Iglesia. “Lo que sí se puede denunciar en la Iglesia son las faltas que se consideran eclesiásticas como el abuso de autoridad o abuso de conciencia”.
