Este martes las diputadas Brenda Austin, Ximena García y el diputado Gustavo Menna del bloque de la UCR, presentaron el proyecto de ley de "Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales". La iniciativa se enmarca en lo que dispone artículo 41 de la Constitución de la Nación que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano junto al deber de preservarlo. Es la misma Constitución la que le asigna a las autoridades el mandato de proveer a su protección, a utilizar racionalmente los recursos naturales, a preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica.
El proyecto de ley promueve la protección de los humedales que son ecosistemas con características diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Se destacan por ser fuente de una enorme riqueza de biodiversidad y proveer de servicios ecosistémicos como por ejemplo, provisión de agua y amortiguación de inundaciones, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, almacenamiento de carbono, disminución del poder erosivo de flujos de agua y la estabilización de la línea costera. Asimismo son esenciales en la provisión de alimentos para la sociedad y la fauna silvestre, como también de valores culturales.
Leer también Es Ley la iniciativa de Palo Oliver que promueve la protección de los humedales santafesinos
Al respecto de la iniciativa, la diputada Brenda Austin, (UCR Córdoba), sostuvo que "los humedales son claves para el sostenimiento de la vida, tenemos una deuda histórica en establecer un marco protectorio que brinde pautas claras y uniformes para su manejo sostenible".
La iniciativa apunta a proteger estas zonas ya que Argentina cuenta con una parte importante del territorio ocupada por una enorme variedad de humedales.
Cabe mencionar que nuestro país es signatario de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, en cuyo marco ha designado 23 sitios de protección que cubren una superficie superior a los 5,5 millones de hectáreas. Sin embargo, no se cuenta con legislación interna que establezca pisos mínimos de protección y herramientas de gestión para todos los humedales de nuestro territorio, independientemente de su caracterización internacional. El vacío normativo genera como consecuencia la continua pérdida y degradación de estos ecosistemas, tal como se evidencia a nivel global con una disminución de la superficie de humedales entre un 64% y 71% durante el último siglo.
La diputada por Santa Fe, Ximena García, se refirió a la preocupación social que rodea la protección de los humedales y señaló que "la necesidad de establecer principios mínimos para conservar y garantizar el uso racional y sostenible de los humedales responde a que tienen un enorme valor biológico, ecológico, cultural y social". Además, agregó "su protección se ha transformado en una gran demanda ciudadana, que pudimos comprobar con la condena social y política que han recibido las continuas y masivas quemas de pastizales en el delta del Río Paraná y del Río Salado", en referencia a los incendios que asedian su provincia hace semanas.
Proyecto
El proyecto en cuestión fue ingresado a la Cámara de Diputados con la autoría de Austin, Menna y García como Expte. 3804-D-2020, y fue acompañado por los diputados Héctor Stefani, Karina Banfi, Albor Cantard, Graciela Ocaña, Alicia Terada, Jorge Enriquez, Luis Pastori, Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Hugo Romero, Mario Arce, Lidia Ascarate, Lorena Matzen, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Josefina Mendoza, Dina Rezinovsky, Virginia Cornejo, Aída Ayala y Gustavo Hein.
Entre los principales objetivos del proyecto, se destacan la identificación de los humedales para garantizar su conservación, uso racional y sostenible; la protección de su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático; el establecimiento de criterios de conservación y uso que tengan en cuenta su integridad ecológica y su dependencia del régimen hidrológico; la identificación y regulación de actividades que amenazan su integridad; el resguardo de los principios de no regresión, in dubio pro aqua y pro natura, preventivo y precautorio en favor de la protección de los humedales; el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
A su vez, el texto integra las herramientas necesarias para el ordenamiento territorial de los humedales, en el marco de los principios e instrumentos de gestión y política ambiental reconocidos en la Ley General del Ambiente. Para ello prevé la elaboración del Inventario Nacional de Humedales, el Ordenamiento Territorial de Humedales como instrumento clave de gestión del territorio por parte de las jurisdicciones, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica para la autorización de obras, actividades y usos que posibiliten la gestión y el uso racional y sostenible de los humedales.
Ordenamiento terrotorial
En esa línea, el diputado Gustavo Menna, de Chubut, destacó que "avanzar en el Ordenamiento Territorial de los humedales es una asignatura pendiente para Argentina. Debemos hacerlo contemplando que están considerados entre los ambientes más productivos del planeta, que pueden ser usados racionalmente y que prestan una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales que difícilmente puedan ser reemplazados".
Además el proyecto contempla otras previsiones, como las relacionadas con actividades prohibidas, las relativas a la integración y aplicación del Fondo Nacional de Humedales y un sistema de sanciones que busca establecer una responsabilidad administrativa coherente con la magnitud de los daños que podrían ocasionarse en caso de infracciones.
La propuesta de legisladores del radicalismo fue elaborada en base a los antecedentes del Congreso, especialmente los textos sancionados por el Senado en los años 2013 y 2016 y la propuesta de anteproyecto de ley del Diputado (MC) Juan Carlos Villalonga, sumando a ello las recomendaciones emitidas desde diversos ámbitos científico-técnicos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Por último, la diputada Austin remarcó "la crisis climática global nos exige dejar de mirar a un costado y nos obliga a abordar la urgente necesidad de resguardar el derecho a un ambiente sano, no sólo como una aspiración a futuro sino para el momento presente. Eso es posible si tenemos claro que el desarrollo sólo es tal, cuando es sostenible".
