El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia contra Pablo Nocetti, el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos "abuso de autoridad y violación de deberes" como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
A tres años del hecho, la denuncia es por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes" y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.
La acusación se extiende, además, al ex director de Gendarmería Gerardo Otero y al ex subdirector nacional de la fuerza comandante general Ernesto Oscar Robino, por ser "autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos".
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Según precisó la cartera a cargo de Sabina Frederic, la presentación contra los ex funcionarios se basa en un informe interno que analiza detalladamente "las diferentes responsabilidades en la represión desatada sobre la Ruta Nacional 40 y constituye el punto de llegada de un trabajo de 7 meses de investigación que hizo la Gendarmería Nacional acerca de lo ocurrido aquel 1 de agosto de 2017".
Responsabilidades de Gendarmería
En ese documento se aludió a "un conjunto de responsabilidades dentro de la Gendarmería Nacional que alcanza al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi -jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40-, quien se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía, demostrando falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada".
Con dicha investigación se busca la "verdad", según precisó el ministerio de Seguridad y "no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente".
"Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse", destacó la ministra Frederic.
A la vez, explicó que esta revisión interna de las actuaciones, que nada tiene que ver con las acciones que lleve a cabo el Poder Judicial, tiene "finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente".
Informe
Frederic presentó el informe en videoconferencia, junto al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous.
Tanto Cristina Kirchner como Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros acusados pudieron seguir el juicio a través de la videoconferencia, aunque lo hicieron por medio de sus abogados.
El juicio se reanudó con planteos de las defensas a la forma en que se lleva adelante el proceso de manera virtual.
El abogado del ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro aclaró que el hecho de seguir el juicio por videoconferencia "no significa convalidar absolutamente nada", y reiteró su pedido para estar presente en la sala de audiencias de Comodoro Py.
"No consentimos con nuestra presencia absolutamente nada de lo que se va a hacer y no convalidamos el sistema semipresencial", adelantó Fragueiro sobre que recurrirá a las cámaras de apelaciones con su planteo.
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Polémica
Luego se le sumó la defensa del ex funcionario Carlos Kirchner, Enrique Arce, quien también se quejó del sistema de videoconferencia: "Lo que se está llevando a cabo se da de bruces con la ley procesal, me fastidia que nos muteen y conviertan el procedimiento oral en un procedimiento escrito y encima por chat. No sé si la próxima voy a tener que poner like", ironizó el letrado.
La mayoría de los abogados se quejó de la falta de inmediatez para preguntar a los testigos y sobre todo el control de lo que va declarando.
Ante los reparos, el fiscal de juicio Diego Luciani se opuso y pidió su rechazo y luego sí se dio paso a la declaración de dos testigos: hasta el momento sólo fueron tomadas ocho declaraciones testimoniales de las más de 100 programadas para este juicio.
Por videoconferencia siguieron el juicio unas 50 personas y de ahora en más se harán dos audiencias por semana y no una como se venía haciendo, para agilizar el proceso que ya lleva un año de duración.
La sospecha es que durante el gobierno de Cristina Kirchner se favoreció a Báez como contratista de obra pública vial en pos de otros oferentes.
Con información de NA
