El escándalo de corrupción que envolvió al ex Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y a su colega, Gustavo Ponce Asahad, acusados de diseñar y ejecutar un plan delictivo para recibir dinero de un empresario del juego a cambio de transmitirle información reservada y de no investigar hechos que podrían constituir delitos, obligó al Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, a emprender cambios profundos en el seno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En primera instancia, según la Resolución Nº 00286/20 se designó interinamente a la Dra. María Eugenia Iribarren como titular de la Segunda Circunscripción del MPA, para, posteriormente, llamar a concurso interno que ratifique o no el nombramiento.
En tanto, Baclini adelantó que se conformarán nuevas unidades de trabajo que permitirán aglutinar todos los casos bajo un mismo perfil y armar un patrón sobre las actuaciones de los fiscales.
Si bien fue reconocida una "una crisis" en el número de fiscales, ya que en el caso de Rosario, la ciudad contaría con un 15 por ciento menos del personal recomendado, lo primordial radicaría, por lo pronto, en transmitir un mensaje externo de confianza a la población y depurar la imagen del Ministerio.
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Finalmente, Baclini manifestó que estaría en estudio la posibilitad de modificar lineamientos políticos de persecución del delito para que su tratamiento sea más claro y transparente.
Por su parte, la flamante fiscal regional de la Segunda Circunscripción María Eugenia Iribarren, afirmó que, para mejorar la imagen de la Fiscalía, se buscará “reorganizar con mejores recursos en relación a la criminalidad, el trabajo que se hace es muchísimo, y hay que organizarlo, ser más efectivos, que la gente que se sienta damnificada pueda percibir la respuesta de los fiscales, y a ellos dotarlos de mas recursos, y entrecruzamientos de datos”.
Luego de haber tenido la primera reunión con todos los fiscales de la 2da Circunscripción, aseguró que “hay lineamientos claros desde la Fiscalía General que hay que replantearlos y trabajar en conjunto, para profundizar y actualizar las políticas de persecución y los sistemas de control dentro de la propia Fiscalía y ordenar lo que es el trabajo de los Fiscales”.