Italia enfrenta una delicadísima situación económica con una deuda soberana que llega al 134,8 por ciento de su PBI y con una previsión financiera de elevarse al 160 por ciento por el efecto pandémico. Sumado a este dato, está previsto que el PBI caiga un 14 por ciento a causa de los rebrotes del virus durante el período estival.
Desde el Palazzo Chigi en Roma, el Gobierno ha intentado ayudar a empresarios locales financiándola con déficit, agravando el negativo de la cuenta corriente nacional. En medio de este escenario, los italianos se ven únicamente favorecidos por el hecho de que la Comisión Europea hará caso omiso a las duras normas del Pacto de Estabilidad Europeo, acuerdo entre los Estados de la Unión Europea (UE) por el que se comprometen a mantener unas finanzas públicas saneadas, como medio para fortalecer las condiciones para conseguir la estabilidad de precios y un crecimiento fuerte y sostenible que favorezca la creación de empleo.
La caótica situación llevó a los italianos al igual que otros pueblos en análoga circunstancia a solicitar un salvavidas en la costa de la Unión Europea. La Comisión Europea respondió al llamado arrojando un gran flotador de dinero generando ansiedad italiana: de los 750.000 millones de euros destinados a ayuda de países de la unión en serios problemas económicos, los italianos planean llevarse el 22,93 por ciento del paquete, es decir a módica suma de 172.000 millones de euros. Para esto, deberán adecuarse estrictamente a las exigencias de Bruselas.
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Frente a estos enormes problemas ahora agravados por el COVID-19, el hartazgo de la población se hizo sentir. La pobreza creciente (1,8 millones de habitantes se hallan en pobreza absoluta, es decir marginados del sistema y el 27 por ciento de habitantes en pobreza relativa, es decir que son potenciales excluidos del sistema) puso en el ojo del huracán a los políticos y sus salarios, especialmente a los parlamentarios. En este sentido, a inicios de octubre de 2019 se había aprobado la reforma constitucional sobre la reducción de un tercio del parlamento italiano con el apoyo casi total de todos los partidos.
La ley habría entrado en vigencia en enero de 2020 si no fuera porque el Senado, en el uso de sus atribuciones, exigió luego de octubre sustento de la aprobación de la reforma mediante un referéndum popular respecto a la modificación de la ley constitucional en cuanto a sus artículos 56, 57 y 59 en materia de reducción del número de parlamentarios. Y es aquí que se desenvuelve la política italiana en estos días. En este referéndum que está en camino, no se requerirá el quórum del 50 por ciento más uno, con lo cual el número de votantes no será fundamental para el éxito de la votación.
El cónsul italiano en la República Argentina con sede en Rosario, Martín Brook, afirmó que la reforma es de gran importancia “porque el nuestro es un sistema de República Parlamentaria donde el eje de la soberanía y el Estado está allí. La enmienda busca reducir el número de legisladores y hay razones tanto en el sí como en el no muy válidas. Es importante que cada ciudadano pueda tratar de entender bien las ventajas y desventajas de cada postura”, señaló en dialogo con Marcelo Garrido en Mañana OH!.
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Brook, alentó a los ciudadanos nacionalizados a que realicen la votación dado que “estos son momentos importantes porque en el país se hablará del voto en el exterior y hay que demostrar que existimos”, señaló.
¿Cómo debe realizarse la votación?
El sufragio, de carácter voluntario, se ejerce a través de un sobre que los consulados envían al domicilio del ciudadano. Deberán completar el material y enviarlo nuevamente a las oficinas gubernamentales.
Se vota trazando una cruz sobre la boleta que contiene la respuesta, se la coloca en el sobre vacío de color blanco y se la inserta en el sobre con la respuesta postal paga. La decisión se debe enviar antes del 15 de septiembre por franqueo gratis en el Correo.
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