Un policía de 44 años identificado como Claudio Javier Núñez fue condenado a ocho años de prisión por la coautoría de ilícitos cometidos cuando integraba el Comando Radioeléctrico de la Costa. Así lo dispuso el juez Luis Octavio Silva en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez estuvieron a cargo de la investigación.
Los representantes del MPA manifestaron que "Núñez asumió expresamente su responsabilidad penal como coautor de los delitos de tortura y privación ilegítima de la libertad por abuso funcional; severidades, amenazas coactivas, vejaciones y apremios ilegales; allanamiento ilegal y robo calificado (por ser en poblado y en banda y ejecutado por personal policial); falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por un funcionario público)". Todos los ilícitos fueron endilgados en concurso real entre sí.
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Los fiscales informaron que "inicialmente, el condenado deberá cumplir la pena de forma domiciliaria, en razón de que vive con su grupo familiar en la ciudad de Avellaneda y queda al cuidado de sus hijos menores de edad mientras su concubina trabaja". En tal sentido, explicaron que "bajo esa modalidad, Núñez cumplió la prisión preventiva que le fue impuesta el domingo 22 de agosto del año pasado".
Ilícitos
Hernández y Jiménez indicaron que "los ilícitos ocurrieron entre julio y noviembre de 2017 en la zona de la Costa en el departamento La Capital". En ese marco, "Núñez actuó con previa distribución y asignación de tareas con otros siete policías", aseguraron.
Los funcionarios del MPA expusieron que "en una oportunidad, luego propinar golpes de puño y patadas a un hombre que reside en una vivienda de San José del Rincón, el condenado y sus compañeros lo trasladaron a la comisaría 14 sin un motivo legal". Según agregaron,"en la dependencia policial, la víctima sufrió tratos rigurosos y ásperos que le generaron nuevas lesiones y fue amenazado de muerte".
"Otro hecho que investigamos fue en perjuicio de una mujer también privada ilegítimamente de la libertad a la que Núñez agredió físicamente con azotes contra un casillero", señalaron los funcionarios del MPA. Destacaron que "aunque la víctima manifestó que estaba embarazada, el policía no dejó de golpearla y torturarla diciéndole que iba 'a morir presa' y con enfermedades causadas por abusos sexuales".
Además, sostuvieron que "el condenado ingresó sin autorización judicial a ocho viviendas de Colastiné y San José del Rincón, atacó a sus habitantes y perpetró robos". De acuerdo con lo que precisaron, "entre los objetos sustraídos hubo armas, electrodomésticos y alimentos".
Los fiscales expusieron que "tanto en la comisaría como en los domicilios que allanó ilegalmente, Núñez intimidó a numerosas víctimas con el argumento de que él era una 'autoridad a respetar'". Mencionaron que "dado que cometió algunos de los delitos contra mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, resulta claro que aprovechó situaciones de vulnerabilidad en lugar de proteger a los ciudadanos".
Por otra parte, Hernández y Jiménez expresaron que "tal como reconoció el condenado, tras cometer los delitos junto a sus colegas, falseaba declaraciones en actas de procedimiento con el objetivo de encubrir sus acciones".
Condenados
Los fiscales detallaron que "la pena impuesta a Núñez se enmarca en una investigación a ocho policías del Comando de la Costa que llevamos adelante desde la Fiscalía". Recordaron que "cuatro ex agentes identificados como Nadia Lucrecia Soperes, Juan Emilio Torres, Claudio Cerf y Gabriela Cerf ya fueron condenados".
En relación a Soperez, los fiscales precisaron que "se le impuso una pena de ocho años y seis meses de prisión por delitos que cometió mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa" y añadieron que "fue el primer caso en el que un policía fue condenado por el delito de torturas en el ámbito de la justicia provincial".
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La condena fue por la coautoría de los delitos de tortura; apremios ilegales; vejaciones; severidades; privación ilegítima de la libertad; amenazas coactivas; falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por funcionario público con abuso de sus funciones); allanamiento ilegal; robo calificado y hurto calificado (por ser en poblado y en banda y por ser ejecutado por personal policial). La pena también se le impuso por la autoría de los delitos de abuso de armas, violación de secreto y amenazas coactivas; y por su participación necesaria en el delito de robo calificado (por ser cometido por personal policial).
"Las dos personas de apellido Cerf fueron penadas con tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo", indicaron. Añadieron que "Torres, por su parte, cumple una pena de cinco años de prisión con modalidad domiciliaria".
Acusados
En relación a los tres policías que fueron acusados en mayo –cuyas iniciales son EMM, AAS y LEG–, se aguarda la realización del correspondiente juicio oral y público.
"Mientras tanto, las tres personas están en prisión preventiva", recordaron los fiscales y agregaron que "el pasado jueves se llevó a cabo una audiencia de apelación en la que se debatió nuevamente acerca de la medida cautelar que pesa sobre cada uno de ellos, y también se plantearon diversas cuestiones relacionadas a las evidencias que se presentarán en el futuro debate oral y público", detallaron los fiscales. En tal sentido, advirtieron que "el tribunal aún no se expidió acerca de ninguno de los dos temas".
Para estas tres personas, Hernández y Jiménez solicitaron penas de entre 12 y 18 años de prisión, además de inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y tener o portar armas.
Con información de MPA
