En la sesión del jueves pasado en el Concejo Municipal de Reconquista, la editl Natalia Capparelli (UCR), presentó un proyecto mediante el que solicitó "la suspensión de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria para ajustar los haberes previsionales, prevista en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541, ley sancionada en diciembre del año 2019, por el actual presidente Alberto Fernández, cuya suspensión se prorrogó por decreto hasta el 31 de diciembre de 2020".
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Capparelli explicó que mediante este proyecto se solicita al Presidente de la Nación que "adopte los mecanismos adecuados destinados a garantizar el incremento de los haberes jubilatorios en una proporción que no resulte inferior a la prevista según ley 24.726 en razón del principio de progresividad que debe regir en materia de derechos sociales, garantizado por el Bloque de Constitucionalidad".
En tanto afirmó: "es necesario garantizar una movilidad jubilatoria que mantenga un equilibrio razonable entre el nivel de ingresos del titular del derecho previsional y el contexto económico que rodea la prestación otorgada".
Capparelli explicó que "desde el 2002 al 2006, período en que fue presidente Néstor Kirchner, solo se dispusieron aumentos sobre las jubilaciones mínimas. Esta situación derivó en que miles de jubilados y pensionados se vieran obligados a recurrir a la Justicia a los fines de lograr el reconocimiento de su derecho de reajuste de sus haberes jubilatorios".
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"Finalmente, - continuó la concejala - la movilidad jubilatoria se estableció por la Ley 26.417 en el año 2008 con un mecanismo de actualización automática de los haberes jubilatorios. Con la "reforma previsional"– tan cuestionada - de diciembre de 2017, la ley 27.426 reemplazó dicha fórmula por una que toma en cuenta principalmente la inflación y en menor medida la evolución salarial. Establece cuatro incrementos anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre), con un rezago de 6 meses respecto a la inflación y los salarios.
"Este es el índice de movilidad previsional actual, suspendida temporariamente por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 sancionada en diciembre del año 2019, por el actual presidente, Alberto Fernández", manifestó Capparelli.
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"Cada una de estas leyes, representaron una mejora, un progreso a la situación de nuestros jubilados, que seguramente no resuelve el cien por ciento del problema pero que, sin duda, representaron no solo un incremento de sus retribuciones sino también, un peldaño más hacia el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Es por ello que denunciamos que la Ley de Solidaridad Social sancionada bajo el actual gobierno, en cuanto suspende la aplicación del sistema de actualización dispuesto por la ley 24.726, constituye un verdadero retroceso respecto a los derechos sociales de los jubilados y pensionados y también, un retroceso institucional", puntualizó la concejala.
En lo que va del año, con la ley de movilidad jubilatoria tan criticada, el aumento debería haber sido del 36,04% y sin embargo, como consecuencia de la suspensión de la ley (de reforma previsional) y la aplicación de la ley de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541, se asignó a los jubilados un incremento que no supera el 27,5%.
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"Esta es una gran deuda que tenemos como sociedad argentina, respecto a nuestros jubilados y pensionados a nivel nacional; y es el Estado nacional quien tiene el desafío de encontrar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos que están reconocidos constitucionalmente; tanto la movilidad jubilatoria y así como también la progresividad. Es por ello que reclamo y exijo al Presidente de la Nación que en función del principio de proporcionalidad, lleguemos a fin año con un incremento que respete el piso mínimo previsto por la Ley Previsional que ha dejado en suspenso", concluyó Natalia Capparelli.
