Este jueves, con un operativo conjunto realizado por el municipio, el gobierno de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación y Gendarmería, se concretó el desalojo de quienes permanecían ilegalmente en los terrenos ubicados entre las calles Matheu, 9 de Julio, Azcuénaga y 1° de Mayo.
La usurpación comenzó en febrero pasado y desde entonces, la Municipalidad llevó adelante una gran cantidad de acciones ante la ocupación de estos terrenos de jurisdicción nacional.
Con el desalojo definitivo de 15 familias concretado este jueves en barrio Transporte, la Municipalidad de Santa Fe llegó a las 80 intervenciones ante intentos de tomas y usurpaciones de predios efectivas -algunas de las cuales no duraron más de 24 o 48 horas-, registradas en diferentes puntos de la capital de la provincia durante el 2020.
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La titular de la agencia municipal Santa Fe Hábitat, Paola Pallero, recordó que “en lo que va del año hemos tenido 80 situaciones de este tipo que se resolvieron con la intervención de la Agencia Santa Fe Hábitat, los coordinadores de Distrito y la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), con la actuación rápida de los fiscales Ministerio Público, aplicando el protocolo para ocupaciones irregulares”. De este modo afirmó que “desde el municipio no se aceptarán las usurpaciones como modo de atender necesidades sociales”.
El desalojo concretado ayer por disposición del juez federal y con acuerdo de todos los organismos intervinientes, se realizó "de forma pacífica, en términos de diálogo". Al respecto, Pallero reafirmó que el municipio “sigue a disposición para seguir dialogando con las familias y encontrar propuestas acordes a las necesidades reales de los ocupantes”.
Cronología
En relación a la situación de barrio Transporte, Pallero recordó que “cuando el municipio tomó conocimiento de esta ocupación a través de las distintas denuncias recibidas por la Oficina de Atención Ciudadana, la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana constató con la GSI la presencia de unas 40 personas y diversos elementos plantados a modo de división de lotes”. Además, indicó que inmediatamente se intentó realizar la denuncia en la Comisaría 26 “pero no fue posible porque ya había actuaciones previas en las que se determinó no dar curso por no encontrarse delito”.
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De igual modo relató que “teniendo conocimiento de que los terrenos son propiedad del Estado nacional y entendiendo que con el correr de las horas este tipo de situación se complejiza aumentando los riesgos de consolidación del asentamiento” se logró formalizar la denuncia en la Policía Federal, en comunicación con el fiscal de turno. A partir de allí, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Francisco Miño, por lo que “la situación está en la órbita de la justicia desde un principio”, señaló la funcionaria municipal.
El municipio entabló un diálogo con los vecinos y, con recursos propios, concretó un registro de quienes usurpaban los terrenos a fin de evaluar la composición de los grupos familiares y los motivos de la usurpación. “Así pudimos desocupar la manzana más cercana al Centro Integrador Comunitario (CIC) donde se llevan adelante ferias y encuentros de trueque”, explicó Pallero. Estos intentos continuaron con la firme intención de que otros ocupantes se retiraran del lugar y se iniciara un diálogo por fuera de la usurpación pero, al constatarse que no era posible “consideramos que habíamos agotado nuestras vías de acción”, detalló.
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Por otra parte, comunicó que el 15 de febrero, el juez Miño libró un oficio a Gendarmería Nacional "a los fines de que el día 16 se proceda al allanamiento y que el personal haga cesar los efectos del estado antijurídico de la ocupación". Desde entonces, los equipos municipales estuvieron a disposición para evaluar a los ocupantes, independientemente del accionar de la justicia.
