El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, denunció que es blanco de una "persistente campaña de desprestigio" y rechazó por "infundadas" las acusaciones de una diputada kirchnerista que pidió su juicio político. "Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos", escribió Rosenkrantz.
En una declaración que hizo pública esta tarde, el juez contestó una por una las imputaciones de la diputada Vanesa Siley, abogada, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. La legisladora pidió el juicio político de Rosenkrantz "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".
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En un gesto inusual, el magistrado se declaró blanco de "una persistente campaña de desprestigio" y dijo que "distintas personalidades" le "atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza".
Rosenkrantz recordó la existencia de una causa iniciada por una denuncia anónima que lo acusaba de tener 71 cuentas en el exterior para cobrar sobornos en paraísos fiscales. El caso está en el juzgado de Ariel Lijo. El año pasado, Rosenkrantz dijo sobre aquella acusación: "En cuanto al origen, tengo una sola conjetura y no involucra al Gobierno".
Ahora, explicó: "La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada".
Otras causas
También recordó que enfrentó otras dos acusaciones penales: una por fallar en contra de la ley en el caso de la aplicación del beneficio del "2x1" en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad (el caso "Muiña"); y otra como supuesto partícipe de una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas denuncias fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas.
"Ahora una diputada oficialista" presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con su destitución.
"Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno", declaró Rosenkrantz.
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Rosenkrantz contestó que "es curioso" que ahora se lo acuse por un fallo dictado hace tres años, que fue firmado por otros dos jueces y dijo que es "es llamativo" que se lo acuse "por no ceder frente a las protestas en las calles".
"Los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2x1 (tanto en 'Muiña' como en 'Batalla') encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos", aseguró.
Y remarcó su "convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país".
Le dijo a Siley que "no leyó" su voto cuando lo acusa de no haber reparado en que los delitos no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena y remarcó que el cómputo de la pena en el caso Batalla "no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena".