Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe rechazó el veto con texto alternativo del Poder Ejecutivo a una ley que reconocía la situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que se quedaron sin ingresos desde la pandemia y lo giró al Senado que tendrá la palabra final. Con ello, hasta la propia bancada justicialista sumó su objeción a la observación del gobernador.
El Poder Ejecutivo vetó la ley 13992 sancionada a fines de agosto, norma que dispuso el pago de una asignación a docentes y asistentes escolares que habitualmente realizan reemplazos y que en función del Covid 19 se quedaron sin ingresos. La Legislatura entendió que el monto y el universo del beneficio serán definidos por las mesas paritarias de los sectores.
Leer también Cómo se pagará el aumento a los docentes y qué pasará con los reemplazantes
Artículos
Se trata de seis artículos vetados por el Ejecutivo que además dejó fuera del sistema a los asistentes escolares. En cambio, la Casa Gris ofrece un texto alternativo y propone que se faculte al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Desarrollo Social "con carácter de ayuda social compensatoria, disponga el pago de una suma de dinero de carácter excepcional a los docentes inscriptos y escalafonados como aspirantes a suplencias con carácter de reemplazante en los establecimientos de gestión oficial del sistema educativo provincial que, encontrándose en derecho de turno y sin que mediare impedimento para su aceptación no hayan tenido ofrecimientos y asignación de suplencias para desempeñar funciones en lugar de un titular, de un interino o de otro reemplazante; como consecuencia de la entrada en vigencia" de la pandemia.
El autor del proyecto que dio origen a la ley, el radical Juan Cruz Cándido y la ex ministra de Educación, la socialista Claudia Balagué se encargaron de ratificar la postura parlamentaria. Ya sobre el final, Leandro Busatto (PJ) dijo que el objetivo de su bancada es buscar consensos "para unir, no para desunir".
Desamparo
Cándido insistió en advertir el desamparo total en que se encuentra un sector de trabajadores que no tuvieron ingresos del estado provincial ni pueden acceder al IFE utilizado para el gobierno nacional para aquellos trabajadores que se quedaron sin posibilidades de ejercer su profesión o arte debido a la pandemia. "El Ejecutivo tenía herramientas en la ley para trabajar con libertad, en la reglamentación y no aplicar el veto excluyendo a los asistentes escolares" añadió.
Leer también Diputados declaró la emergencia del transporte público de pasajeros en Santa Fe
Llamado de atención
"El voto de hoy es un llamado de atención más que un rechazo al Ejecutivo, es un pedido para que abandone la actitud conservadora, que se arriesgue en estos momentos extraordinarios, que muestre sensibilidad, disposición a escuchar y acordar con la Legislatura", remató Cándido.
Balagué recordó que se viene reclamando desde abril una solución para el sector. "Las necesidades son críticas; son muchas familias que no han recibido ingresos desde el inicio de la pandemia. Hay fondos disponibles" y se preguntó porqué no se habilitó el trabajo y porqué no se asiste en un momento tan crítico como el actual. "Esperamos que el Senado nos acompañe y haga realidad el apoyo a docentes y asistentes", concluyó.
La explicación del gobierno
En septiembre pasado salió el decreto N°1011 del gobernador Omar Perotti que veta parcialmente la Ley 13.992 y propone que se faculte al Ejecutivo provincial “con carácter de ayuda social compensatoria” para que se disponga el pago de una suma de dinero de carácter excepcional a los docentes inscriptos y escalafonados como aspirantes a suplencias.
“La provincia tiene más del 16 por ciento de reemplazantes, pero en este caso estamos hablando de los aspirantes a reemplazos, que por razones de la pandemia se quedaron sin esa posibilidad. Por eso el veto parcial y propositivo lo que hace es corregir la ley y otorga la posibilidad de brindarle una ayuda”, explicó Cantero respecto al veto de la ley.
La ayuda se gestionará mediante el trabajo coordinado del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. “La propuesta es que la ley sea viable y permita habilitar un camino dentro de las normativas del estado provincial para que la ayuda llegue al sector que está reclamando una asistencia. No se trata de anular, sino de corregir para que el objeto por el cual se promovió la ley sea factible”, destacó Cantero.