En el año 2017 el intendente de la ciudad de Florencia, Rubén Quaín, comenzó a recibir quejas de varios ciudadanos –beneficiarios de planes sociales– sobre el "pedido" de un porcentaje de lo que cobraban del Estado. En un primer momento fueron alrededor de 18 denunciantes a los que en el transcurrir del tiempo, se fueron sumando otros. Así, el número se incrementó hasta llegar a 26 personas.
Debido a la gravedad del hecho, Quaín realizó la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación. El caso fue monitoreado por el Fiscal Regional, el Dr. Rubén Martínez, y se ordenó las diligencias correspondientes. Por ejemplo, la intervención de los teléfonos de Mirta Vallejos y del sindicado como el "recaudador" Mauro Sánchez, encargado de cobrar y además de "apretar" a los que se negaban a hacerlo.
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La Fiscalía, a través de la Policía de Investigaciones, entregó 60 CD con las escuchas telefónicas donde se reunieron gran cantidad de indicios que tuvieron como resultado, llevar al banquillo de los acusados a Mirta Vallejos y al "recaudador" Mauro Sánchez. Aunque no se descarta la participación de una o más personas.