El 14 de octubre The New York Post publicó un correo electrónico en el que Vadym Pozharskyi, número tres de la empresa Burisma, habría enviado en abril de 2015 a Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos: “Querido Hunter, gracias por invitarme a Washington DC y darme la oportunidad de conocer a tu padre y pasar algún tiempo con él. Es realmente un honor y un placer”. La correspondencia, básicamente, contradice al actual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, quien ha negado tal encuentro como también el papel de su hijo en la gestión.
La nota comenzó a circular en las redes sociales. Hasta que las plataformas más importantes comenzaron a aplicar sus normas de moderación de contenido contra ella. “Parece que Facebook y Twitter han decidido asumir la posición que durante tanto tiempo han evitado”, ironizó. “A menos de un mes del día de las elecciones, ambas compañías finalmente se convirtieron en árbitros de la verdad en internet. Son ingenuos aquellos que creen que esto no es peligroso”, escribió Cristina Tardáguila, experta en verificación de datos, directora asociada de Fact-Checking Network y fundadora de Agência Lupa.
Las plataformas han repetido que son soportes abiertos al contenido ajeno, por lo cual no deben ser reguladas como los medios y, sobre todo, no pueden regular a los usuarios sin violar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Eso las liberaría de responsabilidad sobre lo que se publica en ellas, sobre todo del discurso de odio por el que son particularmente criticadas; sin embargo, en la vida real, dado que el medio es el mensaje, el argumento deja de tener asidero para convertirse apenas en una excusa para justificar más tráfico, y por ende ganar más dinero.
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“Facebook elimina de manera coherente la propaganda de reclutamiento de ISIS y otros grupos islámico pero ha sido mucho menos agresiva a la hora de terminar con los grupos de supremacía blanca”, explicó The New Yorker. Mientras el debate público se desorienta en conversaciones sobre si plataformas como las de Mark Zuckerberg deberían hacer más o menos por moderar o censurar el discurso discriminatorio, de odio o de violencia, nadie pregunta “cómo aplica Facebook sus reglas y quién se beneficia de ello”.
Aunque las redes sociales insisten en que son neutrales y cualquier contenido puede circular en ellas, en la vida real no permiten la celebración del nazismo, la exhibición de cuerpos desmembrados o la imagen de un bebé con un cigarrillo en la boca, por ejemplo. Facebook tiene una suerte de política de contenidos, las “Normas de implementación”, que sus moderadores deben aplicar: un documento cambiante al que sólo accede personal selecto de la empresa, que se ofrece a los usuarios en una versión light como “Normas de la comunidad”.
La regla que allí dice “eliminamos el contenido que glorifica la violencia”, en el documento interno “enumera docenas de tipos de imágenes explícitas, como seres humanos carbonizados o quemados” y deriva a “subcategorías, definiciones técnicas y enlaces a materiales complementarios”, describió Andrew Marantz —autor de Antisocial, una investigación sobre el extremismo en línea en los Estados Unidos— en el semanario de Nueva York. Al topar con esa clase de contenidos, los moderadores deben denunciarlos como “perturbadores”.
¿Por qué no eliminar esos contenidos directamente?
La respuesta larga puede ser un paseo interesante por la revolución francesa, el concepto de libertad de expresión y la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos. La respuesta corta es una sola palabra: dinero.
“En teoría, a nadie se le permite publicar discurso de odio en Facebook. Sin embargo, muchos líderes mundiales —Rodrigo Duterte, de Filipinas; Narendra Modi, de la India; Donald Trump y otros— difunden rutinariamente discurso de odio y desinformación, en Facebook y en otros lugares”, analizó Marantz. Si la compañía les aplicara a ellos, seguidos por millones de personas, los mismos criterios que a alguien con menos de 50 amigos, “sería algo arriesgado desde el punto de vista financiero”. Como consecuencia, siguió el artículo, la red social ha errado a favor de que “los políticos publiquen lo que quieran, incluso cuando esto la ha llevado a debilitar sus propias reglas, aplicarlas selectivamente, reinterpretarlas creativamente o ignorarlas por completo”.
Dave Willner, antiguo titular de políticas de contenido de Facebook, que creó las “Normas sobre abuso” de las que se derivaron las reglas actuales, observó que para el modelo de negocio de las redes sociales no hay buenas opciones al respecto: "Censurar a los líderes mundiales podría sentar un precedente preocupante”. Pero si la posición de las plataformas de Zuckerberg es que el discurso de odio es inherentemente peligroso, ¿no sería más peligroso permitir que lo empleen precisamente aquellos que son famosos o poderosos?, argumentó el especialista que dejó Facebook en 2013 y actualmente es titular de política comunitaria en Airbnb.
La palabra dinero —al igual que sus vecinas fama y poder— también es la respuesta a por qué las plataformas interfirieron en la circulación del enlace a la nota del New York Post sobre Biden antes incluso de llevar a cabo la verificación de datos que podría haber establecido si el e-mail era cierto o falso: a menos de un mes de las elecciones presidenciales, es temporada de cosecha en la publicidad política de las campañas más ricas del mundo.
