En medio de una Argentina en llamas por los incendios que ya arrasaron 900.000 hectáreas de superficie, el Frente de Todos quiere obtener dictamen favorable la semana que viene en el proyecto de ley el proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.
La iniciativa reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego, que incorpora prohibición de realizar modificaciones en el uso a las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales. De esta forma, el propósito es desalentar los focos que se generen de manera intencional con fines productivos o lucro.
El proyecto cuenta con el apoyo de distintas bancadas de la oposición y aliadas del Frente de Todos, aunque no de Juntos por el Cambio (JxC). Además de la firma de Máximo Kirchner, el texto lleva las firmas de los interbloques Federal, Eduardo Bucca; y de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramon; y los presidentes de los bloques de Consenso Federal, Graciela Camaño; del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; y de Juntos Somos Rio Negro, Luis Di Giacomo.
En pie de guerra, la Sociedad Rural denunció un ataque directo a la propiedad privada, y Juntos por el Cambio se puso en guardia para resistir lo que consideran una "herramienta ineficaz".
Si no fuera porque el presidente de la comisión de recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quedó varado en Bolivia, hasta dónde había llegado como veedor del proceso electoral que culminó con el triunfo del MAS, el proyecto probablemente ya tendría dictamen favorable, dado que la iniciativa se presentó con las firmas de todos los bloques, a excepción de Juntos por el Cambio.
La diputada kirchnerista Daniela Vilar, una de las legisladoras que Máximo Kirchner designó como voceras para defender públicamente la iniciativa, argumentó que la aplicación de la ley es posible a partir del cruce de imágenes satelitales que provee la CONAE con información de catastro se pueden monitorear los incendios de todo el país.
En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales, Brenda Austin (UCR), afirmó que el Gobierno no tiene una "política ambiental congruente" ya que por ejemplo impulsa un recorte de fondos para el sistema nacional de Manejo del Fuego en el proyecto de Presupuesto 2021, a la vez que promueve un "desfinanciamiento de la Ley de Bosques y un congelamiento de las partidas para áreas protegidas y Parques Nacionales".
La legisladora cordobesa considera que el proyecto del oficialismo es "una herramienta ineficaz" porque "legisla sobre las cenizas" y no carga las tintas en la prevención. En ese sentido, presentó un proyecto para actualizar el Código Penal con un capítulo completo dedicado a delitos ambientales, y por otro lado una iniciativa para crear un "piso presupuestario mínimo" para el combate al fuego que elevaría sustancialmente los recursos del Estado a esta finalidad.
"Por otro lado, no estamos intentando legislar sobre las causas de los incendios. Estamos intentando evitar la generación de incendios intencionales con fines especulativos y garantizar un período de tiempo suficiente para que esos suelos puedan restaurarse y recuperar su biodiversidad", agregó.
En este sentido, rechazó de forma tajante que la norma propuesta apunte a "prohibir el uso de la propiedad privada como ellos quieren instalar", o que sea "confiscatorio".
"Lo único que hace es evitar que se quemen tierras con fines especulativos, en un contexto de emergencia absoluta con más de 900.000 hectáreas incendiadas. Pero bueno, para ellos aparentemente el lobby inmobiliario y el agronegocio son prioridad antes que los suelos, la biodiversidad, los bosques, los humedales, los bienes comunes naturales y la infraestructura y recursos materiales que se pierden", sentenció.
