Luego de varias postergaciones por la pandemia, este martes convocaron a la revisión del fallo por la desaparición de Paula Perassi en San Lorenzo. Antes de la audiencia, la multisectorial que reclama el esclarecimiento del caso se manifestó frente a los Tribunales provinciales de Rosario para pedir justicia.
En tanto, mañana se realizará la autopsia, mientras que la investigación revisa el accionar de la comisaría 30a y del Destacamento Zona Cero de la policía y de los profesionales que lo atendieron en el Sanatorio Los Alerces de Rosario.
A pesar de la entrega de un petitorio con miles de firmas, la Cámara de Apelaciones descartó la televisación del debate en el palacio de Balcarce y Pellegrini. Allí fueron citados el empresario Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl, las únicas personas condenadas en segunda instancia. También se discutirá la absolución de otras siete acusadas entre las que se cuentan cinco integrantes de la Policía de Santa Fe.
El tribunal conformado por Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y Juan José Mascali debe determinar si ratifica el veredicto sobre la responsabilidad penal del amante de la víctima como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada. A su pareja se la consideró partícipe, aunque ambos quedaron en libertad, debido a que la sentencia no quedó firme.
Por su parte, al ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol se lo acusó por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de autor. Fiscalía pidió 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para funciones públicas.
El resto de los uniformados, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, fueron apuntados con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, en calidad de autor. Para ellos el fiscal Donato Trotta había exigido 16 años de prisión e inhabilitación de 10 años para funciones públicas.
Ahora, la audiencia tiene como objetivo rever el agravamiento del fallo dictado en primera instancia que se produce en la Cámara por otro tribunal ordinario y de esta forma garantizar el derecho al recurso. “Todos los imputados tienen derecho a que dos tribunales conformen su condena y en este caso como la condena se produce directamente en segunda instancia, otro tribunal de apelación la revisa para obtener lo que se llama doble conforme”, explicaron desde Tribunales.
