* Por Daniel Abba, para SumaPolítica
Con la bandera de limitar los fueros de los legisladores, el gobierno de Omar Perotti se dispone a reimpulsar un proyecto de reforma de la Constitución de la provincia, la más antigua del país y con disposiciones sancionadas en el año 1962.
Dentro del “perottismo” empezó a hablarse del tema, a pesar de que el momento no parece el más oportuno, con una pandemia en curso y la posibilidad de que tengan que anularse las elecciones primarias.
Para iniciar ese camino reformista tendrían que conseguir primero los votos de los dos tercios en la Legislatura para habilitar la necesidad de una reforma, y después llamar a elección de convencionales constituyentes.
Atacar la inmunidad parlamentaria parece ser el disparador de estas urgencias de fin de año, después de la crisis de poderes entre el Ejecutivo provincial y su propio bloque oficialista en el Senado.
Hasta ahora, ya son cuatro los gobernadores que fracasaron en este intento: Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. En general, la iniciativa avanza en reconocer la necesidad de actualizar una cantidad de nuevos derechos, pero se traba cuando se habla de la reelección del gobernador que impulsa la reforma. O al menos esa es la excusa.
La única salida posible sería que se habilite una reelección a partir del mandato del gobernador que le sigue al que impulsa la iniciativa. Para despejar las dudas de que no lo hace para beneficiarse. Eso le pasó a Miguel Lifschitz.
Un tema que demuestra lo anacrónica que es la Carta Magna vigente es más colorido que relevante, pero podría servir para que la opinión pública tome conciencia de que hay cuestiones que deben ser modificadas.
Se trata de la fecha de inauguración del período ordinario de sesiones, que a nivel nacional y en casi todas las provincias ocurre el 1º de marzo y en Santa Fe es a destiempo, el 1º de mayo, precisamente porque entre ese día y el último de octubre está fijado por la Constitución el tiempo de las sesiones ordinarias.
Otro asunto inadecuado es la edad en la que se puede votar en Santa Fe: la Constitución dice que es a partir de los 18 años, y a nivel nacional ya se habilitó desde los 16. Si nada cambia, en 2021 los más jóvenes podrán elegir diputados y senadores nacionales pero no intendente y concejales.
Por alguna razón, la reforma se intentó sin éxito varias veces en Santa Fe. La última estuvo bastante cerca, con una campaña que impulsó el ex gobernador Miguel Lifschitz y que quedó a pocos votos de tener consenso en la Legislatura. El mencionado tema de la reelección, los costos que tendría y la existencia de temas más urgentes y graves como la inseguridad fueron las justificaciones de quienes se opusieron.
El gobierno actual hace este cálculo: si el Frente Progresista, en la sumatoria de socialistas y radicales, impulsó con tanto fervor la reforma hace apenas un par de años, es más que seguro que no se va a oponer ahora a esta iniciativa. A lo sumo habrá que consensuar detalles.
A este viento de cola le suman el apoyo de los legisladores propios y una opinión pública más sensible al tema, después del escándalo político con el Senado que permitió tomar registro de que la inmunidad de los legisladores es un asunto a cambiar. El proyecto incluiría no sólo esa cuestión, sino también limitaría las reelecciones indefinidas de los legisladores y les pondría un tope.
¿Cómo resolver el principal inconveniente que siempre fue la reelección del gobernador que presenta el proyecto? La posibilidad de que el gobernador pueda aspirar a dos mandatos parece tener consenso entre los partidos políticos, el problema es si se lo dan al que lo impulsa o rige desde la gestión siguiente. Eso sería lo que derrumbaría cualquier suspicacia (que eso esté en la ley), pero es un renunciamiento difícil de ofrendar.
Al límite de las reelecciones de los diputados y senadores se sumaría también algún tope a las elecciones sucesivas de los presidentes comunales, aunque en este punto se reconoce que los dos años actuales son demasiado escasos y podría proponerse -en compensación- extender la duración de esos mandatos a cuatro años.
Con la incorporación de las autonomías municipales es difícil no sumar la opinión favorable de los intendentes. La autonomía amplía las atribuciones del municipio en materia política. Por ejemplo le permitiría redactar una nueva Carta Orgánica y hasta, si quisiera, convocar a elecciones municipales.
En materia económica le posibilita ampliar las facultades para recaudar, que hoy están restringidas solamente a dos impuestos: tasa municipal e ingresos brutos. Ni qué hablar en materia de seguridad: podría crearse una policía autónoma a nivel local.
Aunque en este punto, el diputado provincial Rubén Giustiniani señaló que si bien la autonomía municipal está consagrada en la Constitución nacional y no en la provincial, el debate sobre si una ley podía avanzar en ese sentido se saldó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue en un conflicto gremial del municipio de San Carlos. En esa resolución la Corte le ordenó a la provincia que concrete la autonomía municipal.
Pero una reforma parcial de la Constitución santafesina pondría luz a muchos de esos puntos y la adecuaría a las reformas que en el año 1994 introdujo la Constitución Nacional. Junto con Mendoza, la de Santa Fe es la Constitución más vieja de la Argentina. Y este año el gobernador radical mendocino presentó un proyecto de cambio que incluye la unicameralidad en la Legislatura, como ya tiene Córdoba. Y también se dio en medio de la pandemia.
Nadie cree que en Santa Fe se apueste a cambiar el esquema de dos cámaras, pero sí a limitar las bondades de la inmunidad parlamentaria, para que al menos se pueda iniciar una querella y sólo se prohíba el arresto de un parlamentario, como ocurre a nivel nacional.
También se podría discutir la forma de representación legislativa. En el Senado que en lugar de ser uno por departamento se elijan por regiones (de 19 se pasaría a 5), y tal vez se puedan designar dos por la mayoría y uno por la minoría, como es a nivel nacional.
La representación de los diputados también podría entrar en el mismo debate para que no haya lo que hoy se considera una sobrerrepresentación del que gana la elección y designa a 28 de los 50 diputados, quedándose con una mayoría automática.
Aún no está claro cómo se llevará adelante esta idea que tendría escenario en un 2021 agitado. También es posible que el gobierno desista de impulsarla por las complicaciones políticas que conlleva.
Una alternativa sería hacer una consulta popular previa que avale y fortalezca esta reforma, para llamar después a una elección de constituyentes que podría realizarse juntamente con los comicios de octubre del 2021.
Por ahora es apenas “debate y conversaciones”, pero en el gobierno de Omar Perotti empezó a hablarse de la reforma. Desde el sector que lidera Miguel Lifschitz, cuando se enteraron, ya adelantaron que están de acuerdo. Aunque la primera pregunta que harán será si se piensa incluir la reelección del actual gobernador.
* Periodista
