El femicidio de Castillo fue cometido en horas del mediodía del jueves 15 de febrero de 2018, en inmediaciones de la escuela Victoriano Montes, ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde en la capital santafesina.
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"Cano, preso con cadena perpetua hoy en día, interceptó a la víctima cuando salía de la institución educativa en la que trabajaba como docente, con la excusa de venderle calzado", recordaron las fiscales Ferraro e Ilera. "Castillo rechazó la oferta, se acercó a su motocicleta y Cano le pidió que lo llevara hasta una cancha de fútbol cercana", relataron las fiscales.
Ferraro e Ilera añadieron que "luego de que la víctima se negara y mientras se subía a su motocicleta para volver a su casa, el condenado se abalanzó sobre ella, subió a la parte trasera del vehículo y le asestó numerosas puñaladas con un arma blanca en distintas partes del cuerpo".
"La docente quedó en una situación de indefensión total porque Cano la sujetó con tanta fuerza y de tal forma que la mujer comenzó a conducir mientras pedía auxilio. Luego, chocó contra un montículo de tierra, cayó al suelo y Cano se dio a la fuga", finalizaron las representantes del MPA.
💜La familia de Vanesa Castillo y ATE Rosario invitan a las organizaciones y movimientos sociales a acompañar el pedido de justicia y a exigir la urgente sanción de la Ley Vanesa. pic.twitter.com/29xkyRIv9R
— ATE Rosario (@ATERosario) February 9, 2021
Crimen por encargo
La hermana de la docente asesinada y querellante en la causa, Silvia Castillo, manifestó que el reclamo de justicia continúa. Si bien en 2020 “Chacho” Cano fue condenado a prisión perpetua en el marco de un juicio oral y público, y la resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, los allegados de Vanesa sostienen que el ataque a la maestra fue un crimen por encargo, a raíz de una situación de abuso sexual que padeció una alumna de la mujer, y por el compromiso que Castillo tuvo en la búsqueda de justicia para su alumna. El propio imputado expresó en la audiencia preliminar el cobro de unos 50 mil pesos para matar a la docente.
“El principal responsable es la persona que le pagó a Cano 50 mil pesos para sicariar a Vanesa, como el propio Cano lo dijo en la audiencia preliminar. Después hay responsabilidades institucionales: del Ministerio de Educación y del mismo Ministerio Público de la Acusación, que citó a Vanesa como testigo y la única protección que tuvo fue firmar un papel. Ese acto simbólico protege al estado, no a las víctimas y testigos”, indicó Silvia.
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Reclamo virtual
En este sentido, la familia de Vanesa invita a sumarse a la convocatoria virtual en reclamo de justicia y de la sanción urgente del a Ley Vanesa, que modifica el protocolo de intervención de docentes y trabajadores de la educación en situaciones de abuso infantil, y les brinda mayor protección. La “ley Vanesa” tiene el objetivo de proteger a los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero también a los docentes que están al frente de los niños en las aulas y denuncian estos casos