La municipalidad de Santa Fe se presentará como querellante damnificada en la causa del movimiento ilegal de suelos entre la ruta 168 y el Riacho Santa Fe, terrenos en donde fueron advertidos “grandes excavaciones” y la conformación de terraplenes en contravención de la normativa vigente y sin la autorización correspondiente.
Las autoridades comunicaron a Daniel Questa, propietario de las áreas donde se realizaron los movimientos, el incumplimiento de la ordenanza 11.017 que regula los estudios de impacto ambiental y la 12.261 que modifica uno de los artículos del Reglamento de Ordenamiento Urbano para definir zonas de seguridad hídrica y reservorios.
Los trabajos no autorizados también infringían la ley provincial 11.717 que establece las normas de ambiente y desarrollo sustentable, la 13.740 que rige la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, como así también la ley de impacto hídrico número 11.730.
Según reconoció Pubio Benuzzi, apoderado de Questa, las actividades que estaban realizándose no contaban con ningún tipo de habilitación, permiso y estudio de impacto ambiental.
Como consecuencia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación de oficio a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, especializado en delitos ambientales. Por su parte, el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Miguel González, confirmó que el municipio se presentará querellante en la causa para aportar pruebas como parte afectada por la situación.
González recordó que, cuando se realiza una obra en zonas ribereñas, "tienen que tener un diseño particular y adecuado. Ya que podrían causarse daños muy grabes. Lo que se hizo hasta el momento no tenía permiso por eso se paralizo la obra”.
“Un movimiento de suelo de esa envergadura, ya es una obra. La situación es inversa. Primero debe presentar el pedido de autorización y los estudios de impacto hídrico y ambiental antes de comenzar con el movimiento de suelo”, insistió el funcionario.