El juez Daniel Acosta validó la imputación del fiscal Gustavo Luzzini y de su exjefe, Patricio Serjal, por el cierre de la causa penal que en 2019 investigaba la presunta contaminación de la Petroquímica Bermúdez. No obstante, el pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de imputar al dueño de la firma, Sergio Taselli, pasó a cuarto intermedio hasta el 5 de marzo próximo.
La causa remite a un informe de 2015 de Medio Ambiente de la provincia sobre la actividad de la Petroquímica Capitán Bermúdez, que presentaba por esos días instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno. El informe motivó a la Casa Gris a ordenar a Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales contra sus directivos.
Además de Serjal, que pese a contar con dictámenes que registraban la evidencia de la contaminación en dos pericias distintas, ordenó interrumpir la causa que imputaba a los directivos de la empresa por constatado daño ambiental contra la salud humana, en la audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de San Lorenzo iban a ser imputados los empresarios Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, acusados de contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos, un delito especial regulado por la ley nacional 24.051, que supone penas de tres a diez años de prisión, excepto cuando el resultado de esa acción produzca una muerte. Allí las sanciones pueden llegar hasta 25 años.
El planteo de la defensa de la empresa, representada por el mediático abogado Mariano Cúneo Libarona y basándose en fundamentos de técnica judicial, fue que no podía reabrirse una causa que ya había sido archivada. La discusión demoró la reunión por varias horas. Y finalmente el juez decidió dar diez días a las partes para volver a presentar argumentos.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra creen como muy posible que Serjal haya aceptado frenar la acción penal contra la empresa a cambio de coimas, la misma lógica que motivó su protección al juego clandestino, delito que lo tiene preso hace seis meses.