En las próximas horas, parte de los acreedores internacionales que tienen deuda argentina bajo jurisdicción de Nueva York le presentarán a los bancos que intentan acercar las partes (el HSBC y el Bank of America) una especie de contraoferta a la propuesta del Gobierno para reestructurar los u$s 68.000 millones casi en default.
La oferta que recaerá en manos de la cartera a cargo del ministro, Martín Guzmán, tendrá un doble vértice, primero por parte de algunos de los bonistas que aún en los peores momentos mantuvieron contactos con fuentes oficiales del gabinete de Economía. Otra de algunos grandes bancos de inversión locales e internacionales en teoría “independientes”, que intentarán elaborar alguna propuesta que acerque posiciones y encamine unas negociaciones por ahora estancadas.
En ambos casos, se trata de ideas que mejoran la primera posición pétrea de los tenedores de deuda, y aceptan el criterio de quita fuerte de intereses, leve de capital y una extensión importante en el tiempo de pago sin compensaciones inmediatas.
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Sin embargo, inevitablemente, implicarían que Guzmán acepte que su primera propuesta a los acreedores deberá modificarse y que su máxima de la semana pasada sobre que una decisión de ese tipo era imposible. En ambos casos se llama a que el ministro abandone la posición irreductible y comience una negociación.
En estas horas lo que empieza a conocerse es la alternativa negociadora de los acreedores privados. Llegará pronto el tiempo de saber si desde Buenos Aires hay voluntad de apertura a la oferta o no. Y si la fecha del 8 de mayo (imposible de cumplir para los acreedores), es una pared o una ventana para prorrogar las negociaciones. Para los privados, la verdadera fecha de cierre es la del 22 de mayo, cuando termine de correr el tiempo de gracia que la ley le permite a la Argentina para no pagar el Global que venció la semana pasada.