En el marco de una orden judicial, allanaron cajas de seguridad a nombre de directores de la firma Vicentin. Los operativos se realizaron en sucursales de los bancos Macro y ICBC de Reconquista. Igual procedimiento se realizó en una sucursal del banco Santander en San Lorenzo.
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Aparentemente, no se trata de una medida de decomiso, sino que se apunta al aseguramiento de pruebas y la búsqueda de información. En caso de que se hallen altas sumas de dinero, se solicitará la acreditación del origen de esos fondos.
En diciembre de 2020, las oficinas que Vicentin posee en Avellaneda fueron clausuradas luego de una serie de allanamientos realizados por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de órdenes emanadas de Fiscalía.
Según trascendió en su momento, las fajas de clausura se colocaron para evitar que la empresa realice movimientos administrativos no autorizados de bienes o del armado societario.
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Es decir, se trató de una “medida cautelar sobre el giro administrativo de la empresa, a los efectos de que administrativamente no puedan generar ningún movimiento que implique la dilución de algún bien, de transformación del paquete societario, de modificación del capital social, ocultamiento de alguna información documental que pueda estar en algún archivo digital y pueda ser modificado”.
Asimismo, el fiscal Moreno abrió formalmente una investigación penal para determinar si los directivos de Vicentin, la cerealera que entró en default por 1.400 millones de dólares, conformaron una asociación ilícita para estafar a proveedores y entidades financieras.