El Concejo Municipal aprobó un proyecto de decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia un informe ambiental de las instalaciones de Terminal Puerto Rosario (TPR) y los barrios aledaños de las terminales de la zona sur: República de la Sexta, General José de San Martín, Villa Manuelita, General Las Heras y Esteban Echeverría.
La iniciativa se monta sobre un pronunciamiento de la Justicia federal, que pocos meses atrás advirtió que la TPR realizaba movimientos de cargas generales, “algunas de ellas muy contaminantes”, entre ellas carbón de coque y que lo hace “sin el certificado de aptitud ambiental que es obligatorio para manipularlas”. Y ordenó un estudio que determinó que la contaminación existe.
“El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque ordenó a Terminal Puerto Rosario, del grupo Vicentin, y concesionaria de los muelles 1 y 2 del puerto local que se abstenga de utilizar una playa de maniobras hasta que no cumpla con las inversiones requeridas y obtenga los certificados correspondientes del Ministerio de Ambiente”, marcó la concejala en los fundamentos del ahora decreto aprobado que fue acompañado en la presentación por Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Pedro Salinas, sus compañeros de la bancada de Ciudad Futura-Frente Social y Popular.
Además del decreto, el bloque presentó un proyecto de declaración, también aprobado. En el texto, el cuerpo legislativo local expresa “preocupación” por “las prácticas de la empresa Terminal Puerto Rosario, que opera sin los certificados correspondientes” lo que da cuenta “de la gravedad del daño ambiental y la violación de las normas vigentes”.
El pedido de informes, explicó Olazagoitía, apunta a que TPR “nunca obtuvo el obligatorio Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la ley 25.675 artículo 11”. Se trata de la ley General de Ambiente, norma que rige a nivel nacional y que en en el punto mencionado establece explícitamente que toda actividad que pueda afectar al ambiente o la calidad de vida de la población “estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.
Pero, además, el decreto del Concejo se apoya en la ley provincial 11.717, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que establece las regulaciones y sanciones para, por ejemplo, el caso de TPR.