La auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, pidió suspender por dos meses a la fiscal de Homicidios de Santa Fe, Cristina Ferraro, como consecuencia de su irregular proceder en la investigación del caso Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020.
Vranicich solicitó la suspensión de Ferraro por 60 días a raíz de su "mal desempeño" durante las pesquisas realizadas en la agencia de turismo donde se perpetró el homicidio y su posterior manejo de la escena del crimen.
Imágenes de cámara de seguridad, constataron que Virginia Oldani, hija de la víctima, ingresó al local la misma madrugada en que asesinaron a su padre junto a su marido y a una tercera persona que, se presume, sería una asesora jurídica de la policía provincial. De acuerdo a lo registrado, estuvieron allí más de una hora y retiraron una sospechosa suma dinero calculada en 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares.
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En consecuencia, la acusación sobre Ferraro recayó en haber permitido el ingreso de personas ajenas a las investigaciones al lugar de los hechos. La desaparición del dinero fue lo que llevó al fiscal federal Walter Rodríguez, a solicitar explicaciones al MPA por el accionar de Ferraro.
A la par del pedido de Vranicich, la Cámara de Diputados cuenta con un pedido formal para que la Comisión de Asuntos Constitucionales cite a declarar por este mismo caso al fiscal regional, Carlos Arietti, y a la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien en un detallado informe describió el irregular accionar en la causa.
Ferraro fue separada del caso Oldani en agosto, cuando el fiscal regional Arietti resolvió apartarla de la causa por su proceder. La investigación recayó en Gonzalo Iglesias, cuya conducta también se puso en juicio luego que el 29 de diciembre ordenara la detención del bioquímico Alfredo Sadonio, aduciendo que contaba con alrededor de 600 llamadas y mensajes telefónicos que nunca se comprobaron.