La diputada provincial del Bloque Fe, Cesira Arcando, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que declara la emergencia en materia social por violencia de género y familiar por el término de 2 años. La iniciativa busca paliar y revertir el número de víctimas por violencia de género o familiar en todo el territorio nacional, situación incrementada por la pandemia COVID-19.
El proyecto propone la creación de un fondo provincial de emergencia para víctimas de violencia de género, el que tendrá como objetivo resolver necesidades inmediatas a la cual se ve afectada la víctima.
Quienes sufran violencia de género podrán solicitarlo por única vez, a los fines de cubrir gastos de movilidad, alimentos, comunicación, artículos de primera necesidad, hospedaje por 72 horas y medicamentos o atención médica que no pueda ser brindada por los nosocomios públicos.
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También, a través del proyecto, la legisladora plantea la creación en todos los nosocomios públicos de Santa Fe de Unidades de atención a las víctimas de violencia de género o familiar. Dichos espacios deberán estar integrados por un médico y un enfermero especializados en la atención de víctimas de violencia familiar.
En los fundamentos del proyecto, la diputada resaltó que, en lo que va del año, asesinan a una mujer cada 23 horas en nuestro país y que el total de femicidios es de 33. “Esta cifra es alarmante. La sociedad entera está cansada de ver cómo mujeres piden ayuda a los organismos estatales, realizan la denominada ruta crítica, pasan por una doble victimización en la mayoría de las oportunidades, piden ayuda y todas estas estrategias no son suficientes porque luego mueren en manos de los femicidas”.
“Los presupuestos paupérrimos significan el poco interés que tienen los estados en todas sus orbitas para el tratamiento de la violencia de género. Las cifras muestran que del total de los 33 femicidios, seis de las víctimas habrían realizado una denuncia previa y solo tres tendrían medida de protección”, resumió Arcando.
Números
Según se expresa en el texto del proyecto, surge de informes hechos por el Observatorio “Así nos ven”, que hubo 24 intentos de femicidios en el primer mes del año. Del registro de femicidios arrojó que el 38,6 % de ellos fue cometido en la vivienda de la víctima y el 33,3 % en la vivienda que la víctima compartía con el agresor. En relación al vínculo con el femicida, en el 42,1% el agresor era la pareja de la víctima y en el 36,8% la ex pareja.
Del total de femicidios y tentativas (57), seis víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y sólo tres tenían medidas de protección, y sin embargo las asesinaron o tuvieron la libertad para intentarlo.
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Para la diputada, “el hecho de que sólo uno de cada diez víctimas haya realizado una denuncia refleja la complejidad que implica salir de una situación de violencia y romper ese círculo de miedo, pero también manifiesta el descreimiento en las instituciones que deben protegernos debido a la revictimización que viven mujeres y disidencias a diario cuando deben recurrir a estas”.
Como correlato, los números advierten que 27 niños perdieron a sus madres. “Reclamamos que se aumenten los presupuestos en las tres órbitas de los estados, Poder Judicial y Policía”, sostuvo la legisladora y pidió que “se sigan realizando capacitaciones en violencia de género, como la Ley Micaela, que los jueces y fiscales tengan perspectiva de género”, finalizó.
