Los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, detenidos desde agosto del año pasado luego de ser implicados en una causa por juego clandestino, continuarán en prisión preventiva al menos hasta el próximo 8 de julio. Así lo resolvió la jueza Eleonora Verón la tarde de este lunes en una audiencia de revisión de la medida cautelar.
En el caso de Serjal, ex jefe de los Fiscales de la Unidad Regional N°2 de Rosario, fue un acuerdo al que llegaron sus abogados defensores sin audiencia por su domiciliaria.
En tanto, Gustavo Ponce Asahad seguirá alojado en la PSA por decisión de la jueza Verón. El ex fiscal fue detenido luego que el empresario del juego Gustavo Peiti lo señalara por cobrar coimas en la causa por el juego clandestino en el sur de Santa Fe.
Por su parte, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery argumentaron que todavía quedarían sospechosos por imputar, que aún hay parte de la organización que debe ser llevada audiencia y además que se está analizando la estructura económica de la organización investigada. Por ello alegaron que necesitan al menos 90 días más para continuar con esta etapa medular de la investigación.
Trama
Ponce Asahad y Serjal están detenidos desde agosto del año pasado luego de que el empresario de juego Leonardo Peiti los acusara de cobrarle entre cuatro y cinco mil dólares mensuales durante casi un año para protegerlo de posibles investigaciones en su contra. La investigación se desprendió de otra que seguía los movimientos de una red que combinaba juego clandestino con extorsiones, un emprendimiento atribuido un sector de Los Monos que entre sus acciones incluyó la fatal balacera contra el casino City Center que le costó la vida a un apostador que había salido a un balcón de fumadores. Esa pesquisa condujo a Peiti y éste, antes de ponerse a disposición de los fiscales, pidió revelar la relación que mantenía con Serjal y Ponce Asahad.
El avance de la investigación terminó ampliando la imputación contra Ponce Asahad y Serjal como miembros de la asociación ilícita que en principio protegían, junto con Serjal, Peiti, el empleado judicial Nelson Ugolini, el ex comisario (ya condenado en abreviado) Alejandro Torrisi y el fallecido capitalista de juego de Rafaela David Perona.
Según la acusación, la asociación ilícita fue creada por Peiti y Serjal para obtener dinero ilícito de casinos clandestinos y apuestas electrónicas en Rosario, Gálvez, Rafaela y Villa Gobernador Gálvez. En tanto, el resto de los imputados participaban como integrantes con roles establecidos.
La causa, desde el principio controvertida por su impacto en el Poder Judicial, escaló hasta la pata política con el pedido de desafuero que a fines del año pasado formularon los fiscales para poder imputar como organizador al senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri. Sin embargo, el requerimiento no fue aceptado por la Cámara alta santafesina.