Ante el inminente vencimiento del contrato de concesión en la Hidrovía Paraná-Paraguay, la senadora María de los Ángeles Sacnun, admitió que es tiempo de reiniciar una defensa de los intereses nacionales y de la provincia, sobre cuyo corredor transita el 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales.
Recientemente, el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado votó por unanimidad la creación de una comisión integrada por seis (6) senadores y seis (6) diputados, a los fines que puedan solicitarse todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales e internacionales.
Para la senadora, la discusión sobre la Hidrovía se enmarcaría en proyecto de Nación, con su consiguiente desarrollo de las economías regionales, donde “la voz de la provincia debe escucharse fuertemente. Eso no quiere decir acallar al resto de las regiones ribereñas, pero en Santa Fe se conjugan varias aristas de intereses por su situación estratégica”, explicó a Sin Mordaza.
Sacnun sostuvo que el contralor del Estado en el Sistema de Navegación Troncal, sería de importancia fundamental para evitar delitos federales que podrían cometerse en el Paraná, como el narcotráfico, la criminalidad económica, el contrabando y la trata de personas, entre otras.
La legisladora admitió que, de no garantizarse el gobierno en el flujo de la mercadería y sobre las empresas transnacionales ante posibles evasiones de recursos, la Argentina caería en un grave error en la delegación de su soberanía.
De hecho, la Argentina figura entre los cinco países del mundo más afectados por la pérdida de ingresos fiscales a manos de las empresas extranjeras, “por lo que el Estado debe realizar un contralor específico” si quiere evitarlos, indicó la senadora nacional.
Para Sacnun, la situación del vencimiento de la concesión de la Hidrovía habría inaugurado un proceso transicional, donde, a título personal, el Estado debería “garantizar los puestos de trabajo y los ingresos ligados al sector, para poner en eje la defensa de los intereses nacionales y de nuestra provincia”, finalizó.
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