La Agencia de Investigación Criminal (AIC) perteneciente al Ministerio de Seguridad, desbarató una red delictiva de venta de armas y municiones, ingresadas y comercializadas de forma ilegal. El principal sospechoso involucrado es un agente de policía, actualmente de licencia, cuyas iniciales son S.G., quien ofrecía armas con alto poder de fuego de manera irregular.
Al respecto, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, señaló que “fue un trabajo en conjunto y es bueno que la comunidad lo conozca. Tenemos que seguir aceitando este engranaje entre el MPA y las áreas de investigación de nuestro Ministerio. Esta investigación dio como resultado uno de los más importantes decomisos de armas: 31 armas, 11 fusiles, 11 armas de puño de grueso calibre y más de 3500 municiones", detalló.
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“Se ha desbaratado una organización criminal, una asociación ilícita que se dedicaba a la comercialización de armas en el circuito ilegal y que lamentablemente muchas de esas armas han ido a parar a manos de ejecutores de balaceras y demás acciones delictivas por las cuales lamentablemente se está a veces en las tapas de los diarios", afirmó el ministro.
Por su parte, la Fiscal Regional Interina, María Iribarren, señaló que “este fue un trabajo arduo y metódico para poder tener más información y poder llegar a esclarecer lo que es el circuito de las armas que tanto daño hace a la sociedad y particularmente a Rosario y zona de influencia".
"Un dato muy importante es el secuestro de 3500 municiones, que son 3500 disparos que no se van a hacer y que tanto daño hacen", sostuvo, y agregó: "El trabajo pone de manifiesto una idea más clara de cómo es el circuito de las armas y las municiones que provienen de un circuito legal, pero que el Estado tiene que profundizar en aclarar y reglamentar tanto a nivel legislativo nacional, provincial y municipal como también en las agencias de control que tienen que evitar que lleguen a quienes disparan y cometen delito”.
De las labores de inteligencia, se desprendió que un agente policial con prestación de servicios en el comando radioeléctrico de Rosario, tendría participación en contribuir a la comercialización de las armas y municiones.
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Además, los trabajos de investigación también arrojaron que todas las armas obtenidas durante las transacciones policiales tenían origen ilícito, habiendo sido denunciadas por robo en enero del corriente por un productor agropecuario de la provincia de Córdoba, quien era su dueño legal y las tenía registradas en Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMAC-. En la oportunidad, un grupo fuertemente armado irrumpió en su domicilio y le sustrajo más de 30 armas de fuego de distinto calibre, joyas, dinero y otras pertenencias.
Finalmente, la pesquisa derivó en el allanamiento de una armería y el domicilio particular del dueño de la misma, de donde al parecer se proveían.
