La extitular de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione, y quien la secundaba, Andrés Ferrato, quedaron a un paso del juicio oral y público por el delito de falso testimonio agravado luego de la audiencia preliminar realizada ayer.
Ambos se encuentran investigados en el marco de la causa contra la banda Los Monos, luego que el excomisario inspector, Gustavo Pereyra, declarara que obedecía órdenes de sus jefes para realizar investigaciones sobre narcotráfico.
El fiscal Aníbal Vescovo pidió penas de tres años de prisión y el doble de inhabilitación. La querella, en representación de Pereyra, pidió que sean condenados a 5 años. Entre las evidencias, hay correos electrónicos, enviados entre 2012 y 2013, en los que, según los acusadores, existirían órdenes específicas de los imputados, que validarían los dichos de Pereyra, uno de los agentes acusados de complicidad con la banda, que resultó absuelto. Según se indicó, serán once los testigos que prestarán testimonio en un juicio en el que habrá un tribunal unipersonal, y que aún no tiene fecha.
El fiscal Aníbal Vescovo había presentado en diciembre de 2018 su acusación contra Viglione y Ferrato. Entonces pidió para ellos la pena de 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de falso testimonio. El trámite se demoró por suspensiones y recursos varios y se retomó este lunes a las 11. Luego de escuchar a las partes el juez Román Lanzón respaldó la acusación, desechó un planteo de sobreseimiento y dijo que el asunto debe discutirse en un juicio oral y público.
"Este es un caso muy particular. Todo parece circunscribirse a dos declaraciones escritas que han perjudicado a Pereyra" , evaluó el juez en su análisis del caso.
Sobre esa base, dijo que el valor de las evidencias deberá sopesarse en juicio: "Puedo tener dudas, no estoy convencido de que con estas evidencias se vaya a obtener una condena. Sin embargo no puedo privar a la Fiscalía y a la querella de un juicio porque tampoco se sustenta un sobreseimiento", observó.
La abogada y policía Ana Viglione era jefa de la Secretaría de Delitos Complejos creada por Bonfatti al calor de la escalada en la tasa de homicidios de 2013. El abogado Andrés Ferrato era su segundo al frente de Investigación Criminal, una de las cuatro divisiones del área. Los dos fueron citados por Vienna para explicar qué tareas tenía asignadas Pereyra, el policía de mayor rango en el sector y quien reportaba de manera directa a Ferrato.
Los dos funcionarios civiles dijeron que no bajaron directivas de investigar casos relacionados con drogas sino que perseguían acciones de crimen organizado como robo de cereales o piratería del asfalto. Pero en la computadora secuestrada al comisario inspector se recuperaron fotos de búnkers y numerosos mails a sus superiores con datos sobre actividades de narcotráfico, lo cual desmentía a sus jefes. Pereyra afirma que sus superiores mintieron para perjudicarlo y no quedar ellos implicados.
El intercambio seguirá en el juicio, que estará a cargo de un solo juez y con una duración prevista de cuatro días, dado que las chances de un acuerdo abreviado entre partes parecen muy lejanas. El juez consultó si ese camino era viable y la defensora respondió que sus clientes afirman "de manera muy contundente, muy firme, que ellos no mintieron y quieren defenderse en un juicio oral y público".