El proyecto de ley oficial sobre criterios epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus en todo el país comenzará a ser debatido este miércoles, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de llevarlo al recinto la semana próxima.
Según se informó oficialmente, la reunión está convocada para las 10 por el sistema de videoconferencia, de acuerdo con lo conversado entre los presidentes de las comisiones de Salud, Mario Fiad; y de Asuntos Constitucionales María de los Ángeles Sacnun.
Asimismo, desde el despacho de la senadora santafesina también confirmaron la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.Ambas funcionarias defenderán el proyecto ante los legisladores y luego se someterán a preguntas.
La intención del oficialismo es emitir dictamen este miércoles, con el objetivo de llevar el tema al recinto la semana que viene y que Diputados lo convierta en ley antes del 22 de mayo, cuando caduca el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández y que faculta a los gobernadores a adoptar restricciones, según el riesgo epidemiológico de los distritos.
"El objetivo de este proyecto de ley es que no se sature el sistema de salud, tal como lo tuvo el presidente Alberto Fernández cuando dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia, dijo Sacnun y agregó: "Los parámetros epidemiológicos y científicos, que incorpora el Presidente de la Nación en este proyecto de ley que tiene como cabecera la Comisión de Asuntos Constitucionales que presido, serán los que determinen la apertura o los cierres teniendo en cuenta la población y el sistema de salud", aseguró.
El Proyecto se enmarca en la emergencia sanitaria existente y respeta la autonomía de las provincias y de la CABA. A su vez, establece una delegación legislativa donde frente a ciertos indicadores científicos se pautan medidas restrictivas locales y focalizadas, concertadas con los gobiernos locales con un plazo determinado de 21 días de duración.