Por Dr. Oscar Martínez (*)
En estos últimos días, por las razones que todos conocemos, se volvió a poner sobre la mesa el tema de la educación virtual y la conectividad en medio de esta tremenda situación que vivimos con el recrudecimiento de la segunda ola de la pandemia y las medidas de restricción impuestas para poder sobrellevarla de la mejor manera posible y evitar el colapso del sistema sanitario. En este marco las discusiones, acuerdos y desacuerdos por la presencialidad y la virtualidad en la educación entre los distintos sectores se han visto y se ven a lo largo y a lo ancho del país. Y nuestra provincia no es la excepción. Ahora bien, lo que no está en duda es que en este contexto el Estado tiene la obligación de buscar los mecanismos para garantizar el derecho a la educación, en especial y con especial preferencia por los más vulnerables. Esto es urgente y no se puede esperar más.
En abril del año pasado, apenas iniciada la primera etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio desde el Bloque del Frente Renovador-PJ de la Cámara de Diputados diseñamos y presentamos un proyecto de ley para resguardar la educación virtual de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad social. El objetivo primordial del proyecto fue garantizarles la conectividad, condición sine qua non para mantenerlos dentro del sistema educativo en la crisis sanitaria que comenzaba a vislumbrarse. Esta iniciativa planteaba la entrega de un dispositivo móvil dotado de las funciones necesarias para su conexión a internet y gratuitad en los datos móviles mediante un acuerdo con los prestadores de ese servicio que asegurara la libre conexión para alumnos, alumnas y docentes de toda la provincia.
Los destinatarios de este proyecto eran las y los alumnos de los niveles inicial, primario y medio de todas las modalidades, y el acceso a internet previsto a demanda, es decir, que los mismos estudiantes o sus padres debían ser quienes solicitaran tanto los dispositivos como los datos, justificando a través de una declaración jurada a los establecimientos educativos su necesidad de los mismos, quienes a su vez elevarían esas declaraciones al Ministerio de Educación de la provincia. Esta es una política social de segunda generación con respecto al Plan Conectar Igualdad, porque provee de los dispositivos a aquellos que los necesitan, sea que pertenezcan a una institución de gestión oficial o privada. En efecto, hay muchas escuelas de gestión privada cuyos alumnos pertenecen a sectores sociales vulnerables, lo mismo que muchas de gestión oficial, y esta herramienta podría aportar significativamente al proceso pedagógico de unos y otros.
En el mismo sentido, la iniciativa de nuestra autoría establece la creación de un Programa de Créditos para Docentes, cuya finalidad sea adquirir tecnología con fines pedagógicos, a saber, notebooks, tablets o dispositivos análogos. Se trata de créditos en 36 cuotas, con una tasa de interés del 0% y que se empiezan a pagar luego de tres meses de adquirido el equipo. Cabe señalar señalar que un tiempo después, el gobierno nacional lanzó un proyecto de similares características que tuvo importantes repercusiones. Los beneficiarios son los docentes de todos los niveles y modalidades educativas de la provincia que acrediten sus funciones en uno o varios establecimientos educativos. Los créditos se otorgarían a través del Banco de Santa Fe y de Mutuales y Cooperativas que lo soliciten.
Cito nuestra iniciativa, porque la misma fue aprobada en el mes de noviembre del año pasado con un amplio consenso de todos los bloques de la Cámara de Diputados de Santa Fe, y girada al Senado para su aprobación y puesta en marcha. El proyecto aprobado no fue redactado en un escritorio, fue discutido con distintas organizaciones sociales, con gremios docentes, con prestigiosos especialistas en educación a nivel nacional como Gustavo Iaies y Gustavo Zorzoli, con docentes con reconcida trayectoria como María Cristina Gomez, reconocida entre las mejores cincuenta docentes del mundo, justamente por su trabajo con sectores vulnerables en la educación virtual. Y también lo hemos charlado con autoridades del Ministerio de Educación antes de su redacción. Además hubo otras iniciativas similares, de otros bloques, como la del diputado Alejandro Boscarol, por ejemplo y el de la diputada y ex Ministra de Educación de la provincia Claudia Balagué.
Estos proyectos, ya están aprobados por Diputados y esperan la sanción de la Cámara de Senadores. Por eso esta semana hemos conversado con legisladores de la Cámara Alta y coincidimos en que con el respaldo del Poder Ejecutivo Provincial se podría avanzar en su aprobación en el Senado. Es nuestra obligación como funcionarios elegidos por la ciudadanía transitar el camino del diálogo y buscar consensos para poder dar una respuesta rápida y oportuna a las y los santafesinos. Así podríamos solucionar lo urgente y encargarnos de seguir consensuando lo importante, como lo es una provincia 100% conectada, con la infraestructura necesaria para que el futuro nos encuentre más preparados.
Siempre digo que la tragedia de esta pandemia debe servir para algo más que señalarnos con el dedo o echarnos culpas. Debe servir para trabajar en la eliminacion de las desigualdades sociales y territoriales que la misma ha dejado brutalmente al descubierto. Es responsabilidad de todos transitar ese camino. Que el árbol no nos tape el bosque.
