Los Concejales del Bloque PJ del Concejo Municipal de Reconquista presentaron un proyecto de resolución que tiene por objetivo disuadir a los fiscales de utilizar las usurpaciones para mediatizar y politizar el conflicto.
Los ediles manifestaron su preocupación y rechazo por "el avasallamiento institucional ocurrido en los allanamientos de los domicilios particulares de las Sras. Haydee Vargas y Adriana Aranda instando a la justicia a que cumpla su función y encuentre a los responsables de los hechos investigados sin mediatizar ni politizar los sucesos en pos de no estigmatizar a personas que son inocentes hasta que se pruebe los contrario".
En el día de ayer, un grupo de manifestantes se conglomeró frente a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para apoyar a las dos empleadas municipales imputadas en el marco de la causa que investiga las "usurpaciones" en el norte provincial.
Durante la jornada, el fiscal a cargo, Leandro Mai, atribuyó sobre Haydee Vargas y Adriana Aranda dos hechos ilícitos por los cuales les endilgó la coautoría de los delitos de instigación a cometer delitos; usurpación en carácter de inductoras; usurpación de funciones correspondientes a otro cargo; incumplimiento de los deberes de funcionario público e inducción a la usurpación.
Horas antes, el MPA había emitido un comunicado para advertir la intención de algunos sectores en "politizar los actos judiciales". Según indicaron en el escrito, "los actos jurídicos son los que están en los códigos y leyes, ni más ni menos hacemos cumplir la ley, principio básico en un estado de derecho. Por lo tanto no hay que confundir a la ciudadanía, dado que ello significa aprovecharse aún más de su estado de vulnerabilidad".
"El fiscal solo peticiona una medida, acompaña con los indicios recabados de la investigación y es el juez quien la concede o no a la medida. Esto de acuerdo a los elementos de su convicción. A veces se actúa como si el Poder Judicial es quien debe construir las viviendas, lo que revela que hay una clara desviación de las responsabilidades de aquellos que deben velar por el derecho al acceso a una vivienda digna", agregaron