El secretario de Transporte, Diego Giuliano, afirmó este viernes que la licitación para la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay prevé "la participación pública en coordinación con lo privado", con el objetivo de modernizar el funcionamiento de la ruta fluvial de 1.635 kilómetros que permite salir al océano a distintos tipos de embarcaciones de carga.
"La participación de lo público en relación y en coordinación con lo privado, es la mejor manera de sostener esta vía navegable y ése será el espíritu en el diseño de la licitación nacional e internacional para su explotación", dijo este viernes Giuliano en declaraciones formuladas a El Destape Radio.
El funcionario dejó en claro que el nuevo esquema de explotación de la Hidrovía incluye la participación de las "universidades, las provincias a través del Consejo Hídrico Federal, la bicameral del Congreso Nacional y un ente nacional que se encargará del peaje".
En cuanto a la participación del sector privado, se manifestó en favor de una Hidrovía "moderna, con incorporación de tecnología y con inversiones en marina mercante".
Durante los próximos doce meses, de acuerdo con lo estipulado por el Decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Hidrovía quedará bajo control de la Administración General de Puertos (AGP) que tendrá la responsabilidad del mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico.
En este período, la AGP "deberá contratar a una empresa pública o privada para la tarea de dragado y balizamiento", explicó el secretario de Transporte.
Además, la AGP deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos.
Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.