Por el histórico déficit habitacional del país, son miles de personas y familias las que están obligadas a alquilar, en un mercado inmobiliario que desde hace un año se rige por la Ley Nº 27.551, llamada ley de alquileres, que entró en vigencia el 1° de julio de 2020 y trajo cambios sustanciales en los plazos de los contratos entre propietarios e inquilinos y también en los modos de actualización de los mismos.
En este marco, se estableció que la periodicidad de ajuste de los importes que debe pagar el locatario sean anuales. Y al cumplirse un año de la nueva normativa, desde principios de este mes se aplicó el incremento a través del Índice para Contratos de Locación (ICL), “que pondera en partes iguales las variaciones mensuales de precios al consumidor y de salarios promedio”, según se explica en el sitio www.argentina.gob.ar.
“Si bien se trata de un porcentaje que quedó por debajo de la inflación, que de acuerdo a las últimas mediciones del Indec a mayo acumuló un incremento del 48,8%, supera los establecidos en la mayoría de los acuerdos paritarios”, explicó a Cadena OH! Pedro Peralta de la federación inquilinos agrupados.
“Por otra parte, considerando que, en promedio, los montos de los alquileres en muchos casos tenían una variación de alrededor del 30% previo a la ley, el impacto en el bolsillo de los inquilinos fue mayor al esperado”, indicó.
El porcentaje de las respectivas subas saldrá publicado todos los meses por el BCRA en su web y pondera en partes iguales el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Los incrementos rigen por la evolución del IPC, que valora las variaciones mensuales de inflación y salarios promedio.
Ahora los contratos tienen una duración de tres años, aunque, casi como un consuelo para el inquilino, la norma establece que solo pagarán un mes de depósito.
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