Este martes, tras la reunión con la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, la auditora del Ministerio Público de la Acusación, Dra. María Cecilia Vranicich, ratificó a la prensa la acusación contra una funcionaria del MPA que presuntamente filtró información judicial y confidencial. La misma fue producida en forma legal en el marco de una investigación a cargo de un fiscal y ordenada por un juez, pero que fue a manos de un ministro del Poder Ejecutivo, en tiempos en los que el titular del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain (bajo licencia) era al mismo tiempo ministro de Seguridad de Santa Fe.
Vranicich habló de una parte del contenido de casi 600 fojas que han llegado a esa instancia legislativa; donde ese poder puede comenzar el proceso para una eventual revisión de la conducta de los integrantes del MPA y de la Defensa.
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La funcionaria del MPA acusada por la Auditoría de ese organismo es la jefa del Departamento Inteligencia Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cotichini.
La Dra. Vranicich le expresó a los diputados y senadores de la Comisión que preside el radical Fabián Bastia, que son contundentes las pruebas de que información que nunca debió salir del ámbito del Poder Judicial fue a manos del Poder Ejecutivo. Y subrayó luego, en la explanada de la Legislatura a los cronistas que esa información tuvo un origen legal, es decir, que se produjo en el marco de causas judiciales y que tenían por lo tanto carácter reservado.
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Las sospechas, según supieron este mediodía los legisladores, comenzaron en el ámbito del OI, del que Sain nunca dejó de ser su titular mientras era ministro, cuando información que estaba en poder de un fiscal fue publicada en un medio televisivo de la capital federal, presuntamente C5N, a propósito de una ex funcionaria del Frente Progresista.
Vranicich dijo a la prensa que en "al menos" dos de los hechos por los que se investiga a Cotichini "tienen relación con la transmisión de intervenciones que eran ilegales, quiero aclara esto, en el marco de investigaciones penales que se encontraban a cargo de un fiscal" y que en ambos casos esos datos llegaron al entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain.