La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de Ley de Educación Provincial, que rige sobre la educación pública en sus distintos niveles y modalidades y puede ser gestionada por el Estado provincial o por entidades privadas, cooperativas u organizaciones sociales, para garantizar "el derecho humano a una educación integral, permanente y de calidad". A tal fin, establece que el gobierno debe comprometer un presupuesto no inferior al monto inicial aprobado en el ejercicio anterior.
Es la segunda vez que la norma logra acuerdo en la Cámara baja y de aprobarse en el Senado, Santa Fe tendría por fin una nueva ley de educación, ya que la última norma sancionada en esa materia es de 1949.
La diputada provincial Claudia Balagué (Socialistas) puso especial énfasis en destacar que la norma "fue construida sobre la base de la participación colectiva, a través de foros realizados en toda la provincia con docentes, estudiantes, gremios, especialistas, familias, legisladores, organizaciones sociales", enumeró la ex ministra de Educación durante el gobierno de Miguel Lifschitz.
"En 2019 esta Cámara aprobó una iniciativa que no llegó a convertirse en ley. En esta oportunidad, hemos recogido también el aporte de distintos proyectos, se ha mejorado la redacción, se han incluido nuevas cuestiones. Ahora tenemos que convencer al Senado para que esta ley tenga una sanción definitiva", bregó.
En tanto, Clara García (Socialistas) celebró que "después de más de 70 años, Santa Fe se encamine a tener su Ley de Educación. Somos protagonistas de un momento histórico para nuestra provincia. Cuando decimos que para el Frente Amplio Progresista, la educación está primero, no mentimos", sostuvo.
"Lifschitz envió el proyecto en 2017, siendo gobernador", recordó la legisladora, y destacó que se trata de "una ley de vanguardia, con sello santafesino, que recupera su tradición pedagógica y, a la vez, atiende la identidad diversa de la provincia".
Por su parte, el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) puso de relieve que la ley "está planteada en cuatro claves: la innovación, la protección de las trayectorias de cada estudiante, la formación, y la participación y el compromiso".
García confió en que "va a poner en valor la educación santafesina y a proteger uno de los legados más importantes para cualquier sociedad que quiera salir adelante; es una ley fundamental para construir otro futuro para Santa Fe".
La iniciativa aprobada -que reúne 232 artículos- fue consensuada en la Comisión de Educación, unificando las propuestas ingresadas por Balagué (acompañada por el bloque Socialistas, sobre la base del proyecto enviado por Lifschitz y aprobado por unanimidad); por Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio), Ricardo Olivera (Justicialista), y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).
Entre las novedades que introduce el proyecto, se destacan la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años, la promoción de la jornada ampliada en las escuelas primarias, las prácticas educativas de los estudiantes secundarios en organizaciones sociales, culturales y productivas y la gestión cooperativa y social, con formas organizativas orientadas a sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.
La ley suma como modalidades la educación en entornos virtuales, en procesos educativos que articulan presencialidad y virtualidad; la educación física y la educación rural y de islas, además de asegurar trayectorias abiertas y flexibles para estudiantes con discapacidad, priorizando la asistencia a la institución del nivel correspondiente y no exclusivamente a escuelas especiales. También establece el compromiso de jerarquizar en todas las áreas los conocimientos y prácticas de las culturas originarias para la construcción de ciudadanías interculturales.
Además, con esta ley el Estado provincial debe asumir el compromiso de la innovación permanente en la dinámica y los contenidos escolares, la enseñanza de los derechos humanos para reafirmar el compromiso con la defensa y promoción de derechos y libertades, la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que vulneraron los derechos humanos; en particular, la enseñanza y reflexión sobre la causa permanente e irrenunciable de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, a través de la articulación con los Veteranos de Guerra.
Explícitamente, incorpora como obligatorios la educación para la ciudadanía, la convivencia y la participación democrática; seguridad vial, educación ambiental, educación alimentaria, educación para el autocuidado, la salud, la calidad de vida, el acceso y uso de las tecnologías digitales, la vinculación con el mundo del trabajo, la enseñanza de la cultura y las lenguas, en particular, aquellas vinculadas a los pueblos originarios, las colectividades de inmigrantes y la integración latinoamericana.
Esta ley provincial es la primera en incluir la Educación Sexual Integral (ESI) laica, con perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidades sexuales en los establecimientos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social, atendiendo a su realidad sociocultural y a sus necesidades, de acuerdo con la Ley Nacional N°26.150, que este octubre cumplió 15 años.
Protección de trayectorias educativas
El Ministerio de Educación garantizará la protección de las trayectorias educativas que posibiliten aprendizajes de calidad a través de procesos de contextualización y adecuación curricular; la atención de las particularidades socio-educativas, culturales y laborales que presentan los estudiantes y el desarrollo de iniciativas deportivas, artísticas y sociales que promuevan la participación, el encuentro, la convivencia y el diálogo. Asimismo, garantizará la sistematización de la información de cada estudiante en las instituciones educativas para identificar tempranamente situaciones de riesgo educativo, prevenir la desvinculación y acompañar el desarrollo de las trayectorias educativas, y desarrollará acciones de coordinación entre los organismos gubernamentales provinciales, municipales y comunales, organizaciones sociales y actores del territorio, para la construcción de redes que protejan las trayectorias educativas.
También promoverá la institucionalización progresiva de espacios extracurriculares ligados a la participación juvenil, el funcionamiento de las bibliotecas escolares e implementa planes y programas permanentes de promoción de la lectura, enseñanza de ajedrez y conformación de coros y orquestas en las instituciones educativas, junto con el sostenimiento de las plantas campamentiles como estrategias de inclusión y ampliación de las oportunidades educativas.
En el mismo sentido, Educación brindará asistencia alimentaria a las instituciones educativas cuya población escolar lo necesite, garantizando la provisión gratuita de alimentos con alto valor nutricional, adecuados a los hábitos alimentarios de la población destinataria y proveyendo espacios e instalaciones apropiados que aseguren una alimentación saludable.
Formación docente
Según la norma aprobada, el Estado provincial garantizará la formación docente gratuita, de calidad, permanente, inclusiva, situada y en ejercicio, tanto para innovar en el desarrollo de proyectos institucionales, interinstitucionales e intersectoriales como orientadas al abordaje de problemáticas socioeducativas, así como para asumir cargos de dirección y supervisión en el sistema educativo.
Espacios de investigación y gestión participativa
La ley también crea el Instituto contra la Intolerancia, la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, para la prevención de conductas violentas; el Instituto de Asesoramiento para el Mundo del Trabajo, de apoyo personalizado, integral y permanente a los egresados de los secundarios y carreras superiores, para mejorar sus condiciones de inserción social y laboral; el Laboratorio Santafesino de Políticas Educativas, que elaborará propuestas de innovación, análisis e investigaciones y difundirá publicaciones específicas del área y el Sistema Integral de Información y Evaluación del Sistema Educativo, para la construcción de información estadística y los indicadores educativos, para el diseño e implementación de estrategias que favorezcan la calidad, la igualdad y la justicia educativa.
Para la gestión participativa, se creará el Consejo Provincial de Educación, un organismo colegiado de carácter consultivo y asesor del Ministerio de Educación, que será un ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa provincial para fortalecer la unidad y articulación del sistema educativo. Asimismo, se abrirán Consejos Escolares de carácter deliberativo, consultivo y representativo de los distintos actores que componen la comunidad educativa, para garantizar la participación de la comunidad educativa; y el Foro Educativo Regional, espacio de encuentro y debate permanente entre los representantes de los Consejos Escolares de cada región educativa y las autoridades educativas provinciales. En los mismos se canalizan las demandas y propuestas que surjan de las comunidades educativas para ser consideradas y debatidas en el Consejo Provincial de Educación.
