El diputado fustigó la decisión judicial de no limitar el ingreso de paquetes a las cárceles.
El diputado de Cambiemos, Federico Angelini, criticó la decisión de la Cámara Penal de Rosario. De no limitar el ingreso de paquetes en las cárceles de la provincia a un máximo de dos kilos. Lo que imposibilita -dijo- "llevar adelante los controles necesarios durante las visitas de los familiares de los reclusos".
"Una vez más, en Santa Fe hay instituciones que privilegian los derechos de los delincuentes por sobre los de la gente", manifestó el legislador. "Y en este caso, la medida judicial hará que sigamos teniendo cárceles-colador. Donde los presos se hacen de celulares, elementos punzantes y cualquier tipo de droga. Porque, claramente, al no limitar la cantidad de lo que ingresa a cada unidad penitenciaria, se dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad. Para ejercer los controles adecuados", sostuvo Angelini.
"La función del personal carcelario es impedir que determinados elementos que están prohibidos lleguen a manos de los internos. Pero eso hoy no está ocurriendo y con este fallo se hace aún más difícil", remarcó.
Para Angelini, este fallo judicial "representa un peligro para los ciudadanos santafesinos. Y un beneficio para quienes ejercen la delincuencia dentro de las cárceles. Debido a la precariedad en la que se encuentra el sistema penitenciario".
INHIBIDORES DE SEÑAL
Por otra parte, el legislador de Cambiemos insistió con su pedido de instalar inhibidores de señal de celulares en los penales de la provincia. De manera de que, "ante la falta de controles en el ingreso de mercadería, poder limitarles a los reclusos el uso de celulares. Porque, como es sabido, aun privados de su libertad, muchos de ellos siguen manejando organizaciones criminales tras las rejas".
De acuerdo con Angelini, la aplicación de estos aparatos debería realizarse en coordinación con el Enacom para no afectar las comunicaciones de los vecinos de zonas aledañas.
El proyecto presentado por el diputado en 2014 establecía, asimismo, horarios especiales para que los reclusos pudieran comunicarse con sus familiares a través de un teléfono instalado en la unidad para tal fin. Las llamadas tendrían una duración de 5 minutos y se realizarían entre las 8 y las 19 horas.
Además, los internos deberían informar sus datos personales, el número al que llamarán y el destinatario de la comunicación. Estos datos quedarían asentados en un registro que estaría a disposición del juez que los requiera en caso de denunciarse un secuestro virtual, amenazas o algún otro tipo de delito.