Hoy comenzará la audiencia imputativa contra ex integrantes del directorio y la sindicatura de Vicentin, donde el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, los acusará por el delito de estafa contra productores, acopios y entidades bancarias.
La causa se inició en 2020 por acreedores financieros y comerciales, que denunciaron una estafa por USD 600 millones. Las maniobras habrían sido realizadas registrando la compra de granos mediante la modalidad “a fijar”, que permitía a la compañía diferir los pagos, pues a menudo los proveedores preferían esperar para cobrar la producción que entregaban a la compañía. En todo este tiempo el fiscal recibió las denuncias de varios productores, corredores, correacopios, y luego se sumaron las de Commodities SA, del grupo Grassi, bancos extranjeros y el Banco Macro.
En la audiencia de hoy el fiscal informará a los investigados los hechos, las pruebas que sustentan la imputación y la calificación legal que hace. Para el imputado es un acto de defensa material, la posibilidad de rechazar la imputación, dar explicaciones, argumentaciones que considere. En total, los imputados por Moreno serían 14: miembros del directorio, síndicos del período previo al default y dos accionistas que cumplieron funciones comerciales y emitieron certificados de compliance. Esto abarca los siguientes miembros del directorio 2016-2019: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi. Los dos síndicos imputados serán Omar Scarel y Raúl González Arcelus.
De cara a la audiencia judicial, el ex director de Vicentin, Máximo Padoan, sostuvo que hay motivaciones políticas y judiciales detrás del accionar del fiscal. “La querella puede acusar y decir cualquier cosa, sin ninguna consecuencia para la acusación, pero todo lo que nosotros digamos puede ser usado en nuestra contra. Después de un año y medio de investigación que lleva adelante la fiscalía y sin tener idea nosotros cuál será la acusación, es muy difícil en una audiencia dar explicaciones de distintas cosas que nos van a acusar. Hay que hacer un estudio de las imputaciones y responder y justificar claramente sobre cada una de ellas”, dijo.
“No se si hay una persecución pero si una intencionalidad muy clara. Y esto lo observamos claramente desde el Decreto de Necesidad y Urgencia para intervenir y luego mandar la Ley de expropiación de la empresa, y cuando eso fracasó vino el Plan Perotti que era peor que la expropiación porque la misma había que aceptarla, cederle las acciones y luego te podían devolver la empresa si no encontraban el plan de salida”, agregó.
Por su parte, Alberto Macua, ex vicepresidente de la empresa, planteó como una posible estrategia luego de escuchar las imputaciones del fiscal, “reservarse el derecho de defensa y vayamos contestando detalladamente las acusaciones a medida que analicemos las imputaciones”. Además manifestó: “En abril y mayo del año pasado estábamos en pleno proceso de estructurar una propuesta con la venta de la planta de Renova, y luego el 8 de julio ocurre el intento del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa. Ahora estamos buscando una solución privada para los acreedores, y se viene esta nueva ofensiva que está vez no es de la política entiendo, sino que es de la justicia”.
Actualmente la empresa elabora una propuesta para los acreedores, y según Omar Scarel, presidente del actual directorio de Vicentin, se sigue con el funcionamiento de la compañía, no se ha generado deuda concursal, se llegará al final del Concurso con una caja de 70 millones de dólares, y se están cerrando fasones para el 2022 para las plantas de Renova y San Lorenzo. “Es por eso que considero que es inoportuno el momento en la convocatoria que está realizando el fiscal, donde estamos muy cerca de la salida del Concurso de Acreedores”, comentó.
La agropexportadora, ubicada en el norte de Santa Fe, entró en concurso de acreedores a principios de 2020 por una deuda de 1.500 millones de dólares. A mediados de ese año fue blanco de un intento de intervención y expropiación por parte del Gobierno de Alberto Fernández.
