Este martes, Marcelo Sain presentó en la fiscalía regional de Santa Fe una nota en la que denuncia serias irregularidades en las requisas ejecutadas en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad. Pidió acceder a la investigación y exigió el apartamiento de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.
A través de sus abogados, Sain solicitó copia del legajo y material fílmico. Específicamente, hace referencia a la grabación de la medida llevada a cabo el viernes 26 de noviembre en el edificio Casa de Gobierno, primer piso, oficina 151, de calle Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario.
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El exdirector del Organismo de Investigaciones denunció además severas irregularidades en las pesquisas ejecutadas en el Ministerio de Seguridad, ubicado en la ciudad de Santa Fe. “Sin perjuicio de la ampliación de los fundamentos aquí vertidos al momento de acceder a las constancias del legajo fiscal, viene a denunciar en esta instancia severas irregularidades en el marco de la medida realizada en las oficinas de Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe el día 26 de noviembre de 2021”, precisa la nota.
Sain y su defensa plantean que el allanamiento se ejecutó sin una orden judicial. En segundo término, advierten sobre requisas y secuestros de elementos personales sin el consentimiento de empleados del Ministerio.
“Al arribar al lugar, el personal policial exigió que todo el personal haga entrega de sus teléfonos celulares personales, carteras, billeteras, y documentos en su poder. Nunca hizo saber que no existía orden de allanamiento que avale la medida, ni tampoco la posibilidad de negarse a tal requerimiento sin que implique presunción en su contra”, indicaron.
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El exministro sostiene que los efectivos policiales y los integrantes de los organismos de investigación del MPA “fueron a la pesca” de material probatorio. En la nota presentada en la fiscalía regional, Sain y sus abogados hablan de “amplitud e indeterminación del objeto de la medida”.
“De acuerdo a la orden que habrían librado los fiscales intervinientes instruyen irrumpir en la oficina del Ministerio y proceder al secuestro de tantos dispositivos electrónicos y de almacenamiento de información, como así también la identificación de las personas presentes y de toda documentación relevante para la causa”, expresa la nota, y agrega: “Ello equivale a ir a la pesca”.
De acuerdo al planteo de la defensa, advierten que la competencia del delito de espionaje ilegal no es provincial, sino federal. “Se deja asentado que si la investigación se orienta a demostrar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la competencia es de la Justicia Federal”, resalta.
Apartamiento
Marcelo Sain solicitó el apartamiento de los fiscales intervinientes. Además, exigió que la investigación pase a manos de la Fiscalía que corresponda, fuera del ámbito de la Fiscalía Regional N° 1 de la Provincia de Santa Fe. El pedido está fundamentado en la supuesta enemistad que tiene el fiscal regional, Carlos Arietti, con Sain.
