El gobernador Omar Perotti se reunirá este miércoles con los jefes de bloques que componen la Cámara de Diputados bajo el objetivo de acordar políticas de seguridad ante la escalada de violencia que golpea a la provincia.
La convocatoria, además, se producirá días después a los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad, la renuncia masiva de funcionarios que pertenecían a la cartera y el pedido del propio gobernador por iniciar una auditoria interna en el área.
El encuentro, sobre el cual se ha generado una gran expectativa, “parece una cosa extraordinaria ante un hecho que debería ser de los más común”, lo que evidencia la “no muy buena sintonía que desde un principio tuvo el gobernador con la Legislatura”, admitió el presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Julián Galdeano.
La cita, pactada para las 16 en Casa de Gobierno, se producirá en un contexto de violencia inusitada que tuvo su punto culmine con las balaceras a los locales gastronómicos de Rosario, pero que previamente involucró a estaciones de servicio y establecimientos educativos.
“Bienvenido el dialogo institucional para abordar el primer problema que tiene Santa Fe, pero no podemos obviar que las situaciones en el Misterio de Seguridad fueron tremendamente graves en términos institucionales con la renuncia de funcionarios, con allanamientos y con la confirmación de que hay una investigación muy contundente que involucra a funcionarios de primera línea del Gobierno con situaciones de espionaje y escuchas ilegales”.
Para el diputado, el cuerpo legislativo tendrá la obligación de preguntarle al gobernador qué pretende hacer con la cartera en la cual Jorge Lagna fue ratificado, “más allá de la decisión de iniciar un sumario interno que fue más una decisión para la tribuna que otra cosa”.
Asimismo, sugirió la posibilidad de evaluar, “si no sería una salida”, la conformación de una comisión investigadora independiente y con facultades de “ir a fondo” para determinar responsabilidades.
“El tema es tan grave que atraviesa todas las áreas y rompe con todos los principios de un ordenamiento democráticos: afecta la libertad de prensa cuando se espían periodistas, afecta la división de poderes cuando se espían legisladores de la oposición, afecta el normal funcionamiento de la Justicia cuando se inician investigaciones sin funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y afecta la trasparencia desde el momento en que se utilizan recursos públicos en investigaciones ilegales para fines que no son lícitos”.
Galdeano, quien pidió respaldar “fuertemente” a los fiscales de la investigación, detalló que la causa en el seno del Ministerio demandará de un trabajo concomitante entre la Justicia provincial y federal, en tanto la primera deberá encargarse ante posibles “delitos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos, asociación ilícita, mientras que habrá otros de competencia federal, principalmente, ante la violación de la ley de inteligencia de la seguridad democrática”, agregó al aire de Cadena OH!.
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