El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe prohibió el uso de teléfonos celulares para dos reclusos de cárceles por alto riesgo criminológico. El juez hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Jorge Gustavo Onel, que a mediados de la semana pasada había presentado un dictamen solicitando esta medida dado que se trata de dos personas detenidas por narcotráfico que cometieron delitos mediante el uso de celulares desde las unidades penitenciarias donde se encontraban alojadas. Luego de la medida, se incautaron tres teléfonos móviles en las celdas de esos imputados.
Si bien las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios se encuentran prohibidos tanto por la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, como por una orden interna del gobierno provincial, la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas al verse prohibidas o restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica, según publicó el sitio web del Ministerio Público Fiscal (MPF). Así cobró fuerza la idea de que el uso de celulares coadyuvaba a mantener el vínculo de aquellos con sus grupos familiares y, de esta forma, contribuir al objetivo de resocialización al cual toda privación de libertad debe propender.
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Sin embargo, en abril de 2020 el juez Leandro Lazzarini rechazó la implementación de esta medida en Santa Fe, aunque instó al servicio penitenciario a que implementase un sistema con los requerimientos técnicos adecuados para permitir el contacto de los detenidos alojados en los distintos penales de la provincia ante la suspensión de visitas como medida preventiva para evitar el contagio del virus covid-19.
En ese contexto, en los primeros ocho meses de 2021 se incautaron en penales provinciales 3.691 teléfonos celulares, ya sea por decisión administrativa o en el marco de actuaciones judiciales. Así, tras la intervención de la fiscalía se identificaron dos casos de reclusos de algo riesgo criminológico que utilizaban dispositivos móviles para cometer delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
Los dos casos
En el primer caso, Juan Pablo Calderón fue imputado en una causa que se encuentra elevada a juicio por almacenar 192 kilos de marihuana, junto a otras dos personas. De acuerdo a las escuchas valoradas en la causa, ese recluso fue quien se ocupó de la adquisición y traslado de la sustancia estupefaciente al inmueble donde fue incautada.
Luego, mientras cumplía prisión preventiva y a partir del análisis del informe técnico del teléfono celular de su pareja, se acreditó que Juan Pablo Calderón, alias "Pato", poseía en el establecimiento carcelario de Coronda un teléfono que utilizaba para planificar, coordinar y controlar en el exterior actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, al menos desde octubre de 2021 hasta la fecha.
El segundo caso involucra a Vanesa Saravia, conocida como "Curandera", hospedada en el Instituto de Recuperación de Mujeres de Rosario. Allí se encuentra en cumplimiento de una condena firme por resultar organizadora de actividades destinadas al tráfico de estupefacientes junto con otras nueve personas; tras haber sido detenida el 7 de noviembre de 2019 en posesión de la cantidad de 147 kilogramos de clorhidrato de cocaína, seis automóviles, tres de ellos de alta gama, y grandes sumas de dinero tanto en pesos como en dólares.
Investigación
Luego, la policía verificó los impactos de la línea intervenida que utilizaría una persona también investigada en la causa, lo que permitió determinar que ese abonado registró impactos en antenas de Rosario en la proximidad del penal, “posiblemente ingresando estupefacientes y elementos no autorizados”.
La intervención de la línea confirmó la hipótesis, ya que surgieron numerosas conversaciones entre esta persona y Saravia en las cuales ésta le proporcionaba indicaciones sobre venta de estupefacientes, distribución e ingreso de sustancias al establecimiento penitenciario. A partir de esto, se ordenó el allanamiento del domicilio de la persona investigada, donde se incautaron 533,8 gramos de cocaína; 1160,5 gramos de elementos de corte; doce teléfonos celulares y una balanza digital.
