Pasadas las 10 de este miércoles, comenzó la audiencia para definir si se levanta el secreto de sumario en la causa por supuesto espionaje ilegal en la que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Seguridad.
En total duró 1 hora 50 minutos y los acusados son 11 -en principio- incluído Marcelo Sain. El juez de Cámara Sebastián Creus analiza el fallo del magistrado Jorge Patrizi y su apelación, entre otros recursos.
A partir de esta audiencia, el juez tiene cinco días para emitir un fallo. Estuvieron presentes también los fiscales Exequiel Hernández , German Nessier y Mariela Jiménez.
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Además, asistió la Provincia como querellante a través del Fiscal de Estado, Rubén Weder. Ninguno de los notificados estuvo presente en la audiencia, aunque sí lo hicieron las defensas de los mismos.
Se trata del caso que investiga a exfuncionarios del Ministerio de Seguridad y al exministro, Marcelo Saín, por haber realizado una supuesta tarea de espionaje a personalidades políticas y mediáticas de la provincia.
En la causa hay tres recursos presentados contra tres resoluciones dictadas por distintos jueces penales vinculados al procedimiento extendido de la investigación, la duplicidad de plazos y el levantamiento de la reserva de las actuaciones dispuesta, en último caso, para garantizar el derecho de los imputados de acceder a la investigación en curso.
La defensa
Los abogados defensores indicaron en la audiencia, que el acceso al expediente fue complejo porque el método elegido por la Fiscalía fue “ilusorio” y que viola el derecho a una buena defensa.
Según explicó Lewis en su apelación, los defensores deben presentarse en la sede judicial y solo pueden sacar fotos a una parte de las actuaciones. Tampoco pueden extraer información digitalizada. “Queremos acceso irrestricto”, pidió.
El letrado rosarino argumentó además que sus asistidos, días después del allanamiento a la sede de Seguridad de Rosario, se pusieron a disposición de la Justicia y pidieron tener acceso a la causa, pero siempre se les negó. Primero fue la Fiscalía y después el fallo del juez Nicolás Falkenberg, al cual Lewis calificó como que tuvo un “déficit de contralor judicial”.
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