El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, provisoriamente a cargo del Juzgado N°2 de Santa Fe, procesó ayer a la fiscal santafesina Cristina Ferraro por la causa que investigó la desaparición de pruebas de la escena del crimen del empresario y financista Hugo Oldani, cuyo homicidio ocurrió el 11 de febrero del 2020 en el macrocentro de la capital provincial.
El delito es el de encubrimiento, por haber permitido que la familia de Oldani retirara una millonaria suma de dinero, en pesos y dólares, que se encontraban en el interior de la agencia de turismo, que funcionaba como una cueva financiera.
El procesamiento también alcanza a otros tres civiles: José Luis Hernández, Virginia Venetucci y Diego Marcos Medero y los policías Walter Barco, a cargo en ese entonces de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la ciudad de Santa Fe y el entonces jefe de la División Homicidios de la AIC, Hernán Galán.
En cuanto a los cargos, el juez procesó a Ferraro y los tres civiles por "encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública"; mientras que los agentes policiales fueron procesados por "inutilización de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente". La resolución también trabó un embargo de 500 mil pesos sobre la fiscal y Hernández, Venetucci y Medero; y de 200 mil pesos para Barco y Galán.
El reciente fallo se dio a partir de una investigación que encabezó el fiscal federal Walter Rodríguez y que se inició a partir de la causa que llevó a diez personas a juicio, entre ellas Virginia Oldani (hija del fallecido), por "intermediación financiera no autorizada" tras sostener que dentro de Turismo Oldani Srl funcionó hasta el día del crimen una cueva financiera.
A partir de allí, el representante del Ministerio Público Fiscal apuntó a quienes permitieron retirar de la agencia de viajes millones de pesos y dólares que estaban sobre una estantería y una caja fuerte. Se le atribuyó a Ferraro (que al momento del caso se desempeñaba como fiscal de homicidios) haber autorizado ilegítimamente la desaparición de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera por una suma que oscilaría los 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares y documentación afín que constituían rastros, pruebas e instrumentos de un ilícito precedente, es decir el de intermediación financiera que comenzó a ser investigado a raíz del homicidio.
La imputación recayó sobre Hernández, alias "Chino" (esposo de la hija de Hugo Oldani), a quien el fiscal Rodríguez le endilgó haber ocultado el dinero y la documentación que había en el local donde fue asaltado y asesinado el empresario y que luego fue retirado por Venetucci (amiga de Virginia Oldani) y Medero, junto con familiares de la víctima fatal.
En cuanto a Barco y Galán, ambos policías fueron acusados de haber inutilizado parte del material fílmico que servía como prueba ante la autoridad competente, al desconectar la cámara número 6 del circuito cerrado instalado en la Galería Rivadavia, ubicada en La Rioja al 2400. Tal circuito supo tener como destino el pasillo que desemboca al hall ubicado frente de los locales de Turismo Oldani.
La "intermediación financiera no autorizada" ya había sido probada en una causa paralela, un expediente anterior que llego a Cámara. El fallo de primera instancia fue refrendado en segunda instancia en noviembre de 2021. El fallo incluía un ligamen con una financiera rosarina: el Grupo Carey, ya que dos operadores de ese grupo empresario, Carlos Ciochettto y Carlos Bacigaluppo, fueron procesados en esa causa.
