El Fiscal Leandro Mai reconoció que no es imparcial a la hora de investigar posibles delitos en la Municipalidad de Reconquista y se apartó de la causa penal de las usurpaciones donde hay varios funcionarios imputados.
El investigador entiende que su vínculo marital con una de las principales opositoras del gobierno complican su juicio de imparcialidad y le solicitó al Fiscal Rubén Martínez (también militante y ex funcionario de la UCR) apartarse de la investigación antes de llegar a juicio.
Las imputaciones ordenadas por el Fiscal Leandro Mai se dieron en medio de la campaña electoral y desde el primer momento el gobierno sostuvo que se trató de una movida política desde el MPA para apuntalar la candidatura opositora. Vale mencionar que el Fiscal Leandro Mai es el esposo de la concejala opositora Natalia Caparelli.
En medio de un año no electoral y con la firme intención de quedar su decisión lejos de la próxima campaña, el fiscal decidió apartarse de la causa y no llegará a juicio con el expediente.
"El mismo reconoce su falta de imparcialidad, por lo que, a confesión de partes, relevo de pruebas. El fiscal era absolutamente parcial y su actitud había sido en función de los intereses partidarios de su esposa que es precandidata a intendente de la oposición. Lo habíamos dicho con toda claridad, el fiscal actuó respondiendo a intereses políticos – partidarios", sostuvo el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti.
En este marco, Mai sostiene que su esposa “se posicionó electoralmente, atento al caudal de votos obtenidos, como una candidata eventual a disputar la intendencia. También cobra notoriedad, que como miembro del Concejo Municipal, a la doctora Capparelli, luego de la renovación de la banca, se le ha asignado la presidencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, cuya incumbencia está intrínsecamente vinculada a la problemática del acceso a la vivienda, de la aprobación y regularización de loteos a realizarse en la Ciudad de Reconquista, cuestiones o incumbencias de estrecha conexión con la presente investigación”.
Ahora reconoce abiertamente que “existen motivos suficientes y graves que pueden afectar la objetividad y eficacia en el desempeño de la tarea investigativa” y abre un fuerte interrogante sobre el momento en que realizó las imputaciones. ¿Es que allí, en medio de una campaña donde su esposa era la principal candidata no había “motivos suficientes y graves que puedan afectar la objetividad”? Es una respuesta que solo él (y tal vez su esposa) puede brindar.
El Fiscal Regional Rubén Martínez admitió la falta de objetividad y decidió destinar la causa al Fiscal Nicolás Maglier.
Vale recordar que son tres los funcionarios del gobierno local imputados: Adriana Aranda, Haydee Vargas y Víctor Vargas, además de otras cuatro personas, algunos de estos vinculados a los mencionados.
