Mientras desde el Gobierno Provincial la decisión es esperar la actuación de la justicia y dejar fuera de los medios de comunicación las repercusiones de los audios judicializados que se “filtraron”. Pullaro se mostró sorprendido y denunció al Gobernador y al Diputado Mirabella de liderar una banda criminal.
Con esto, comienza una nueva temporada de espionaje, escuchas y acusaciones cruzadas entre participes de la institucionalidad política. En este caso, el diputado y ministro de seguridad del último gobierno de radicales y socialistas, Maximiliano Pullaro, aparece en los medios como “víctima” de un posible “carpetazo”*.
En simultaneo se está realizando la elección de autoridades del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) donde el Gobierno de la Provincia y la Legislatura tienen un rol imperioso. El Secretario de Justicia Gabriel Somaglia quedó apartado de la selección de Fiscales de dicho proceso a través de un decreto, porque su voz también aparece en conversaciones con Sain.
Mirabella, el ladero de Perotti, se defendió de las acusaciones y dijo que no mando a investigar a nadie, como tampoco lo hizo el Gobernador Perotti según lo comunicado por sus interlocutores.
Pero resulta que lo menos llamativo, es que “se filtren” audios judicializados.
En cambio, la oposición salió a respaldar políticamente a Pullaro y a pedir juicios políticos. No a cuestionar lo más grave, la divulgación mediática de una prueba judicial.
¿Esto es normal? en la actualidad sí. Es muy común y se encuentra naturalizado. Por lo cual somos extremadamente permeables a estas construcciones mediáticas con objetivos políticos. Que además nos restan el derecho a la búsqueda de justicia, cuando recursos mal direccionados no permiten el avance real contra el delito.
El imperante poder de los medios de comunicación hace que ciertas “operaciones” se instalen en el inconsciente colectivo de la gente, como una realidad efectiva, y como resultado se terminan disponiendo de recursos que deben destinarse a la investigación y la búsqueda de justicia, al marketing político de ciertos sectores.
La estrategia de impulsar persecuciones penales para fines de persecución política, no es nueva. Tampoco la disposición de órganos de justicia, como mecanismo para la obtención de información a fin de perjudicar a adversarios. El espionaje de conversaciones entre quienes componen un espacio político, una importante arma política. El problema, es que el espionaje es ilegal.
En Santa Fe, el mismo Pullaro denunció a un y una fiscal del MPA que su propio gobierno jerarquizó. El ex ministro de seguridad fue querellante en una causa contra funcionarios judiciales por "abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento en los deberes de funcionario público”, por escuchas sobre su celular. Pullaro, además de querellante, fue protagonista del caso que se convirtió en un escándalo político cuando en septiembre de 2017 se conocieron escuchas del ministro con el entonces jefe de la Unidad Regional V de policía, comisario Adrián Rodríguez, hablando en términos de “amistosos” y de cercanía sobre los concursos de ascensos en que participaba su interlocutor.
"Acaban de detener al Jefe de la 5ta., Adrián Rodríguez, que parecía que salía del tema de la causa de las horas Ospe, pero lo que me dice Baclini (Jefe del MPA) que me llamó por WhatsApp, que me llamó muy preocupado por el tema, es que es por Cohecho pasivo. Que es por una conversación que tuvo conmigo, ¿entendés? Que yo tuve con todos los tipos (policías) para que se presenten al concurso de (comisarios) Generales, yo le digo "...presentate papá, presentate al concurso, que yo presido el concurso...". ¿entendés?". Decía Pullaro en conversaciones con Baclini, y con el Gobernador de entonces.
En aquel momento, Lifzchitz denunció “intencionalidad política”. Ahora, Perotti guarda silencio y deja las cosas en manos de la justicia, con el apartamiento de Gabriel Somalia del proceso de elección de autoridades del MPA, siendo hasta hace pocos días el nexo del Gobierno Provincial, con el Poder Judicial.
El Ministerio Publico de la Acusación, debe entenderse en la importancia que reviste para los poderes provinciales. Comenzó a funcionar en 2014. Es parte de un sistema procesal penal, una transformación institucional que introdujo el FPCyS, en acuerdo con la legislatura. Y es la interacción entre los tres poderes, para perseguir y condenar el delito. El objetivo de su creación fue: “democratizar y constitucionalizar” a la Justicia Penal santafesina.
Hay investigaciones del MPA que han generado rispideces en la Legislatura**. Porque el proceso de juzgamiento de los fiscales, hoy está en manos de la Legislatura. Depende desde donde se analice este proceso, podría resultar anticonstitucional, y hace necesaria la posibilidad de revisar el sistema.
Las situaciones conflictivas entre Ejecutivo y el Legislativo sin dudas, tiñen el accionar de fiscales santafesinos que toman estas operaciones y las trasladan a los pasillos burocráticos, lentos y distantes de la realidad, judicializando estas operaciones, que son una pérdida de tiempo en una provincia que desde hace décadas vive una crisis de seguridad.
Es importante saber, que Las decisiones de persecución penal se toman dentro del ámbito del Poder Judicial y se ciñen estrictamente a lo jurisdiccional. Hay decisiones que generan impacto político, pero no es el Ministerio de Seguridad un ámbito desde el cual pueda se resolver una causa judicial. Por lo cual no podría Saín cumplir con el cometido político que menciona en un audio, donde involucra a Mirabella como autor de un “mandato político”, para armar “carpetazos”.
En los audios viralizados, también se escucha a Saín en una conversación, en donde asumen torturar con complicidad de la policía a una mujer que violaba la cuarentena en contexto de las normativas impuestas por la pandemia de COVID 19. “la tenemos acá enjaulada con perros y todo, no van a comer por tres días […] la vamos a dejar llorando 10 hs, 12 hs“. Esto si despierta muchas alarmas, ya que el Ministerio de Seguridad existe a fin de asegurar el ejercicio de derechos de todos los santafesinos y santafesinas, y de se compruebe lo que describe este audio, existió una violación de derechos civiles por parte del mismo órgano que debiera garantizarlos.
La Secretaria de Derechos Humanos de Perotti por su parte, a través de un comunicado de prensa invitó a la damnificada (de ser real este hecho), a acercarse y denunciar. Como así también aclararon no recibir en el organismo denuncias que respondan a las características de este hecho durante la pandemia.
La ministra de Gobierno Celia Arena manifestó en twits que se lleva adelante, en este contexto la selección de autoridades del Ministerio Publico de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, y se abstuvo de sumar condimentos al debate mediático.
El Gobernador Perotti, nunca detuvo su agenda y en los últimos dos días licitó obras de viviendas, desayunó con periodistas, participó de la inauguración de una planta industrial de la empresa ARNEG, y evitó los comentarios relacionados a Saín.
Podría decirse, que en los últimos tiempos estas operaciones menosprecian la capacidad de investigación de la prensa y el ejercicio de derechos de la ciudadanía, y van en aumento, lo cual es altamente perjudicial para el sistema democrático.
El interés de estos actos, se encuentra en establecer o beneficiar a un proyecto político, estigmatizando al adversario. En este caso, Pullaro habla como candidato electoral, en este contexto plantea que el mismo sistema que Él creo e impulsó como funcionario, debe cambiar.
Que se desarrolle con normalidad la selección de autoridades del Ministerio Publico de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, parece un gran avance en favor de la ciudadanía. La temporada de causas a opositores u oficialistas necesita terminar en favor de que los recursos se destinen a las soluciones de seguridad, prioridad de una provincia en crisis.
*Difusión de información comprometedora sobre una persona, en particular un funcionario público o un militante político y a partir de datos provenientes de una carpeta”.
** Causa “Juego clandestino “contra el senador Provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri.
