Tras la denuncia penal contra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza Santa Fe, Pedro Orlando Fernández, y personas allegadas a su entorno familiar, por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión de impuestos, comenzó una caza de brujas buscando culpables sobre el aporte de los datos a los denunciantes, cuando, en realidad, era vox populi el desmedido crecimiento patrimonial de los apuntados.
La causa puede llegar a tener derivaciones muy importantes, por cuanto de no poder justificarse el origen legítimo del dinero utilizado para adquirir los bienes -que prima facie se estiman en U$S 1.700.000-, podría dar lugar a la imputación de los delitos de lavado de activos y evasión de impuestos.
El primero de los delitos indicados prevé sanciones muy severas, que van entre tres y diez años de prisión, y multa de dos a diez veces el valor de los bienes.
Pero, además, cuando el autor fuere funcionario público, la pena se incrementa en un tercio, con lo cual, de ser condenado un funcionario público, tal el caso de Fernández, el mínimo de la prisión a imponer es de cuatro años y el máximo de trece años y cuatro meses.
En cuanto a la evasión de impuestos, ello dependerá de lo que determine al AFIP DGI, cuya intervención no sólo ha sido pedida por los denunciantes, sino además tiene un interés especial en consideración a la naturaleza de los hechos denunciados y de la importancia económica del asunto.
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Seguramente, en los próximos días podrían producirse novedades relevantes en esta emblemática causa, única en el fuero santafesino, por investigarse a quien no hace muchos años era un modesto empleado de una empresa pública, devenido hoy en un próspero dirigente sindical, arrastrando con tan “buena estrella” a sus seres más cercanos.
También -según hemos podido verificar-, se palpita mucho malestar en el estamento de Secretarios Generales de otras jurisdicciones, en la Federación de Gremios de Luz y Fuerza, y especialmente, entre los trabajadores y funcionarios de la EPE, quienes en contraposición con la bonanza económica del “clan Fernández”, atraviesan un difícil presente -que como a la gran masa de trabadores los mantiene en vilo-, por la alta inflación con sus efectos devastadores en los bolsillos y la pesada carga del Impuesto a las Ganancias que en su gran mayoría deben abonar.